Malestar de San Juan por el éxodo de una minera

San Juan - Las dudas de la empresa de capitales canadienses Barrick para realizar el proyecto minero binacional de Pascua Lama totalmente del lado chileno despertó la furia del gobernador José Luis Gioja, quien enfrente la incertidumbre de los empresarios a causa de las trabas que el gobierno nacional pone en la forma en que se tributarán los servicios. La empresa y el gobierno chileno llegaron a un acuerdo; Nación se opone, poniendo en peligro uno de los programas más importantes de la economía local.
Sin duda, el mandatario justicialista aprovechará las buenas relaciones que mantiene con el matrimonio presidencial para limar las asperezas que impiden el desarrollo de una de las actividades más importantes en la provincia. Lo que comenzó en un rumor de que el proyecto Pascua Lama podría hacerse sólo del lado chileno cobró tal dimensión, que se materializó el martes en una reunión de alto voltaje en la Casa de Gobierno sanjuanina entre directivos de la compañía minera Barrick liderados por Ron Kettles -jefe del proyecto binacional-, y el gobernador Gioja, con parte de su gabinete.
A su término, se supo que un par de directivos de la compañía en Santiago presionan para que la mina de oro se haga sólo del lado de Chile, al no llegar a un acuerdo por los temas tributarios con la Argentina, una opción que la compañía no confirmó, pero que ha enfurecido al mandatario que transmitió su malestar a los empresarios.
«El gobernador les dijo que había mucha molestia porque existe evidencia, no confirmada, de que las versiones de hacer toda la mina sólo en Chile son de la misma empresa, de dos ejecutivos de Barrick en Santiago», dijeron al «Diario de Cuyo» altas fuentes que participaron del encuentro. «Si las presiones viniesen del gobierno chileno, se podría considerar legítimo, pero que provengan de la empresa es lo que encolerizó al gobernador», dijeron.
La presión empresaria es porque no se llega a un acuerdo sobre dónde deben tributar los servicios transfronterizos de terceros, es decir, las empresas que prestarán servicios en ambos países. La empresa, junto con el gobierno de Chile, están de acuerdo en una forma de tributar que las autoridades nacionales argentinas no aceptan, aunque no se conoce exactamente cuál es el punto de la discordia. Lo que sí se sabe es que un fracaso en las tratativas con la Nación pone en peligro el más importante proyecto minero en la provincia, con una inversión que ya va por los 3.000 millones de dólares.