Malo: se demora aprobación de presupuestos provinciales

Un tema para seguir de cerca es que el conjunto de provincias debería mejorar notoriamente el resultado fiscal, en el marco del último Acuerdo Nación Provincias firmado el 27 de febrero de 2002, que estableció una fuerte reducción de déficit durante ese año y equilibrio para el corriente con miras a llegar a un acuerdo con el FMI.Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, La Pampa, Mendoza, Misiones, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Fe, San Juan y Tierra del Fuego son las provincias que cumplieron con coherencia los tiempos legales para organizar sus cuentas, proyectando superávit, equilibrio o, a lo sumo, déficit poco significativos. El resto aún mantiene el presupuesto en la Legislatura o, en el peor de los caso, en proceso de elaboración dentro del Ministerio de Economía.
Un informe de la consultora Economía & Regiones indica que el panorama de poca previsibilidad que demora los presupuestos se relaciona con la transferencia de fondos de origen nacional, los recursos provenientes de organismos internacionales y los servicios de deuda pública.
Con respecto a los fondos federales para provincias existen dudas sobre el cumplimiento de las pautas previstas por Nación para 2003 (crecimiento de 3% del PIB real, inflación minorista de 22,7% anual y 40,7%, y mayorista de 20% anual y 48% promedio 2003 promedio 2003 sobre 2002; y un dólar promedio de $ 3,63. Si dicho cálculo resultara demasiado optimista, varias provincias enfrentarían serios problemas con sus gastos.
Sobre los organismos internacionales (BID y BIRF), las provincias autorizarían gastos con financiamiento poco probable, debido a la fragilidad que aún tiene el país para pedir crédito, a pesar del miniacuerdo firmado con el FMI.
Los servicios de la deuda pública son, en tanto, otro punto todavía no cerrado. Las deudas ingresadas al canje, cuyo capital convertido a bonos garantizados será ajustado por el CER, variable que depende de la evolución de la inflación, y que según lo estimado por Nación sería de 22% para 2003 (porcentaje también juzgado como optimista por parte de los analistas económicos). Por otro lado, los servicios de las deudas nominadas en moneda extranjera (organismos internacionales y algunos títulos públicos), dependerán de la evolución del dólar.
Siguiendo la tendencia de 2002, las jurisdicciones proyectan mayores ingresos, tanto de origen provincial como nacional, como consecuencia de los efectos de la inflación en la recaudación de los principales impuestos (IVA, Ganancias y el Impuesto al Cheque, por el lado de los coparticipables, Ingresos Brutos y Sellos, de jurisdicción provincial) y, en algunos casos, a partir de la implementación de diversas políticas en los que hace al control de la evasión, moratorias, modificación de alícuotas.
Por el lado de los gastos, existe una tendencia a la asignación de mayores recursos hacia las áreas sociales y de seguridad. Los servicios sociales, como educación y cultura, salud y bienestar social representarán, entre 40% y 65% del gasto total por jurisdicción para 2003, cuando en los últimos tres años, a nivel del consolidado provincial, estos conceptos representaron alrededor de 53%.
Al comparar los niveles de gastos proyectados para 2003 con los ejecutados en 2002, Economía y Regiones destaca que esto se debería a mayores servicios de intereses de la deuda pública, dado que durante el 2002 hubo un escaso cumplimiento en el pago de los servicios de deuda, en particular, las que ingresaron al canje, lo que no ocurriría en el corriente año; mayores erogaciones corrientes y de capital, ya que durante el año pasado, las primeras estuvieron casi congeladas y las segundas, en su mínimo histórico, como consecuencia de la paralización de las obras públicas en la mayor parte de las provincias frente a la fuerte caída de recursos registrada hacia fines de 2001 y hasta mediados de 2002.
Finalmente, según la consultora dirigida por Rogelio Frigerio (nieto), «cabe esperar que durante el corriente ejercicio, con un nivel de inflación acumulada de 41% (y elecciones a gobernador mediante), estos gastos tiendan a subir, sobre todo si se tiene en cuenta crecimiento del precio de los bienes de consumo y capital (más aún contemplando un próximo reajuste de tarifas), y las mayores transferencias corrientes a municipios (derivadas de la mayor recaudación)».