Media sanción a freno para exportar madera

La sanción de la ley fue una de las condiciones impuestas por los asambleístas para mantener un demorado encuentro con el gobernador Jorge Busti. En la encerrona (en un delicado momento además, por la proximidad de las elecciones del 18 de marzo), el mandatario justicialista debió respaldar la movida, aunque reconoció que es sólo un «gesto», al no tratarse -dijo- de una ley aprobada por el Congreso.
Pero saben tanto el gobernador como en el entorno del Presidente que la futura ley tiene visos de inconstitucionalidad, al ir en contra tanto del Tratado de Asunción (que creó el Mercosur) como del artículo 75 de la Constitución nacional, donde se menciona como una atribución exclusiva del Congreso la regulación del comercio exterior.
Respecto del primero de estos puntos, se abriría así la puerta para que Uruguay denuncie nuevamente a la Argentina, y con serias posibilidades de éxito, ante los tribunales del bloque. O, inclusive, que el gobierno de Tabaré Vázquez considere liberadas sus posibilidades de comenzar a cerrar el ingreso de importaciones provenientes de la Argentina.
Por de pronto, ya el canciller uruguayo, Reinaldo Gargano, advirtió semanas atrás que la posible interrupción de la exportación de madera entrerriana podría «liquidar» el sistema regional de libre comercio, mientras que desde Botnia aclararon que la planta se abastecerá sólo con madera uruguaya.
Ante este escenario, se especula con que, una vez sancionada la ley y promulgada por Busti, el gobierno nacional dejará que sea la Justicia la que la haga caer por ilegal, para esquivar el costo político de enfrentarse a los ambientalistas entrerrianos (como ya lo viene haciendo, al dejar perpetuarse los piquetes).
El proyecto de ley que ayer avanzó en la Cámara baja en su primera sesión del año (y que ya fue girado al Senado, aunque recién sería aprobado en 14 días) apunta a prohibir «la venta y salida de rollizos (madera sin procesos industriales provenientes de bosques implantados) y chips (madera fraccionada para facilitar y abaratar el transporte), destinados a su exportación como materia prima para empresas fabricantes de pasta celulósica.
Quien habló en primer lugar fue el autor de la iniciativa, Osvaldo Fernández (UCR-Gualeguaychú), quien destacó que «no es posible aceptar que la provincia suministre maderas para estas industrias contaminantes», aunque advirtió que la iniciativa «no atenta contra el Mercosur, como se ha dicho». Fernández además aclaró que «no se limita la exportación a otros países», siempre y cuando tenga por destino la industrialización de la madera vendida, y que la provincia tiene potestad para legislar en la materia en virtud del «artículo 124 de la Constitución nacional» que sostiene que «los recursos son de dominio de la provincia».