Motín trágico: envía la Nación grupo de expertos a Santiago

Santiago del Estero (especial) - El gobierno nacional envió ayer a esta provincia a un grupo de expertos penitenciarios y asesores técnicos con experiencia en crisis carcelarias para auxiliar al gobernador radical K Gerardo Zamora en el manejo de las derivaciones del grave motín que estalló el domingo en el Penal de Varones de la capital.
La rebelión -que se extendió por cerca de 16 horas e incluyó el incendio intencional de uno de los pabellones- pudo ser controlada recién ayer, con el gravísimo saldo de 33 reclusos muertos y 19 heridos, nueve de ellos de gravedad.
Uno de los presos falleció ayer por la mañana. Además, hay dos guardiacárceles internados, uno de ellos en grave estado, supuestamente quemados con agua hirviendo.

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Ayer, el ministro de Justicia y Derechos Humanos nacional, Alberto Iribarne, se comunicó telefónicamente con Zamora, a quien le transmitió «las condolencias del gobierno nacional a los familiares de las víctimas».
Allí puso a disposición del gobernador «toda la colaboración necesaria» y ordenó el viaje de funcionarios del área penitenciaria a Santiago del Estero. «El Servicio Penitenciario Federal cuenta con experiencia en el manejo de situaciones de crisis carcelarias», destacaron desde el ministerio. Entre ellos se encuentra el ex secretario de Derechos Humanos provincial durante la intervención federal de Pablo Lanusse, Fernando Rinaldi, quien anoche se reunió con Zamora.
En paralelo, el ministro de Justicia local, Ricardo Daives, se reunió con 60 familiares de presos, donde se acordó que recibirán asistencia de psicólogos, del Obispado de Santiago del Estero y de la Secretaría de Derechos Humanos nacional.
Según fuentes de esa cartera, Zamora le aseguró a Iribarne que «el Poder Judicial y la Policía Científica investigan las causas de la rebelión de los presos, si hubo un intento de fuga y cómo se desarrollaron los hechos que finalmente terminaron con las muertes por intoxicación a raíz de la quema de colchones».
En rigor, recién pasado del mediodía de ayer la Policía provincial logró controlar el motín desatado a las 18.30 del domingo en el Penal de Varones. Según la versión oficial, se trató de un supuesto intento de fuga (ver aparte).
La protesta incluyó el inicio de un incendio intencional que destruyó el domingo el pabellón 2. Precisamente, la mayoría de las víctimas se encontraban allí alojadas.
Ayer por la mañana, sin embargo, volvieron a vivirse momentos de extrema tensión, de la mano de un nuevo conato de protesta de reclusos de los pabellones 3, 5 y 6, algunos de los cuales volvieron a prender fuego a colchones y otros elementos, en parte arengados por sus familiares, que se hallaban concentrados en una de las esquinas de la cárcel.
Alrededor de las 13 se escucharon disparos de armas de fuego, mientras que varias ambulancias entraron al establecimiento.
Por ello, el personal policial debió ser reforzado por efectivos de la Infantería provincial (suman en total 200), que ingresaron al penal y terminaron por domar el último foco de conflicto.
La nueva trifulca dejó un saldo de diez heridos -ocho presos y dos efectivos de Infantería-, que se sumaron a los diez afectados durante la noche del domingo. De los ocho reclusos, tres fueron internados por asfixia en grave estado, mientras que los agente fueron atendidos con cortes. La grave postal incluyó forcejeos de entre efectivos y familiares que permanecían a 100 metros del acceso principal a la cárcel.
Una vez que las autoridades confirmaron que se había retomado «90%» del control del penal, los reclusos enviaron una carta en formato «paloma» -a través de un bollo de papel arrojado por una ventana- a sus familiares. Allí responsabilizaron a cinco oficiales por disparar el conflicto, a partir de -denunciaron- reiterados maltratos recibidos tanto por los presos como por sus familiares durante las requisas. Además descartaron la hipótesis del intento de fuga (ver aparte). «Nos empezaron a reprimir a los tiros y a los que se asfixiaban y quemaban los dejaban que se mueran», denunciaron.
Por la tarde, cerca de 40 presos fueron trasladados a dos cárceles del interior provincial, luego de determinar que el pabellón 2, donde comenzó el motín, quedó inhabitable.
La investigación quedó en manos del juez Ramón Tarchini Saavedra, que se dedicará exclusivamente a este caso, lo mismo que el fiscal Cristian Vittar. Por eso fueron nombrados subrogantes para reemplazarlos en sus otras labores.
Sobre el mediodía, el magistrado aseguró a los familiares de los reclusos apostados en el lugar -algunos de los cuales incluso le arrojaron piedras- que investigará lo ocurrido «hasta las últimas consecuencias».
En paralelo, terció también la Iglesia. El obispado de Santiago del Estero, que lidera monseñor Francisco Polti, pidió ayer a las autoridades del penal que los reclusos involucrados en el motín sean «tratados dignamente». La solicitud fue realizada a través de monseñor Walter de la Iglesia -vicario de la Diócesis de Santiago del Estero y una de las figuras fuertes del obispado-, quien llegó al penal para interiorizarse sobre la situación.