21 de agosto 2008 - 00:00
Nuevos incidentes ayer en Córdoba
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El peronismo acelera en las provincias y busca ordenarse frente al mal momento del Gobierno
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La Suprema Corte bonaerense exigió que se cubran sus cuatro vacantes y presentó un proyecto de autarquía financiera
En ese sentido, el gobernador -quien esta tarde será recibido en la residencia de Olivos por Cristina de Kirchner- ratificó que si la Nación le envía a Córdoba 1.071 millones en los próximos 12 meses, se solicitará la derogación de la ley de jubilaciones que difiere el pago de un porcentaje de haberes de los jubilados provinciales que cobran entre 5.000 y 22.000 pesos.
Los incidentes tuvieron lugar al mediodía y esta vez la pelea con la Policía duró sólo algunos minutos. Sin embargo, alcanzó para complicar, fundamentalmente, a los comerciantes de la zona próxima a la Legislatura provincial.
Hubo enfrentamientos con la Guardia de Infantería de la Policía provincial, que instrumentó un impecable procedimiento preventivo y logró dispersar rápidamente a los revoltosos. No obstante, hubo vidrieras de comercios dañadas y destrucción de patrimonio público.
La situación era contradictoria. Por un lado, los gremialistas estatales piden ser atendidos por el gobernador, cuando rechazaron dos llamados al diálogo previos a las marchas de ayer y la anterior. Pero por otro, los más radicalizados, aunque ocultándose, provocaban desmanes en la ciudad. Igual de contradictorio es el discurso de los dirigentes sindicales: el titular del juecista Sindicato Municipal, Rubén Daniele, arengaba a los asistentes a la manifestación asegurando que no aprueban la violencia, aunque advertía que de no retroceder con la ley de reforma previsional, la «ciudad será un caos».
La actividad en todas las reparticiones del Estado fue casi nula. También fue reducida la actividad docente.
Desde Oncativo, Schiaretti reiteró que «el trabajador que se jubila en nuestra provincia cobrará el 82% del salario actualizado de los últimos cuatro años» y garantizó que mantendrá el sistema de movilidad que actualmente tienen los empleados públicos cordobeses.
Explicó que si bien la Nación les está pidiendo a todas las provincias que le financian el déficit que el cálculo de la jubilación se haga con le promedio aritmético de los últimos 10 años y pretende que las provincias adopten el sistema de movilidad nacional, «mientras yo sea gobernador, Córdoba no está dispuesta a hacerlo pues si aceptamos ese planteo perjudicaríamos a los jubilados cordobeses»; y agregó que de estas diferencias se harán cargo el Estado provincial y los trabajadores públicos.




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