Piden detención de 44 funcionarios

Aragonés, cuya situación procesal deberá decidir Toledo en el plazo de 10 días, repitió la estrategia de su esposo, Carlos Juárez, quien se negó a declarar el martes pasado. La ex mandataria, con arresto domiciliario, se presentó en el juzgado imputada de presunta «estafa» en perjuicio de la ANSeS por el cobro de $ 505 mil de una jubilación incompatible con el ejercicio de la función pública.

Uno de los abogados de «Nina», Juan José Saín, explicó que la negativa a declarar y la presentación de sólo un escrito forman parte de una estrategia que permita «analizar el expediente una vez que se proceda a levantar el secreto de sumario». «Se presentará un recurso de apelación para producir la expresión de agravios mediante el descargo, que puede ser a través del informe 'in voce' o escrito, ante el Tribunal Federal Oral de Santiago del Estero», añadió. La intención es pedir su excarcelación el próximo lunes.

En tanto, en otra causa caratulada «robo en poblado y banda», la ex mandataria está imputada de ser la supuesta «autora ideológica» del saqueo de la casa e intento de asesinato del diputado nacional José Oscar Figueroa (PJ). Es justamente en esa causa que el ex secretario de Seguridad D'Amico quedó detenido luego de prestar declaración indagatoria, acusado de ser «coautor» del saqueo e intento de asesinato. En la misma causa, también se encuentran imputados Aragonés y el ex jefe de Inteligencia, Antonio Musa Azar, detenido y procesado por el doble crimen de La Dársena.

En tanto, el titular del ANSeS, Massa, quien viajó a Santiago, pidió la detención de 44 funcionarios, jueces y diputados santiagueños acusados del presunto cobro de jubilaciones incompatibles, medida que el juez Toledo deberá resolver en 48 horas hábiles. Massa firmó además con el interventor Pablo Lanusse un convenio que posibilitará conocer si existen más incompatibilidades en el cobro de jubilaciones a través del entrecruzamiento de datos.

En tanto, un principio de incendio se registró ayer en los tribunales de Santiago del Estero, aunque se informó que «no se perdieron expedientes».

Por otra parte, las autoridades de la intervención resolvieron destinar al área de seguridad los vehículos afectados anteririormente al uso oficial y particular de funcionarios del ex gobierno de Aragonés. Y centenares de retratos con las fotografías de la ex gobernadora y Carlos Juárez fueron retirados de las distintas oficinas de los organismos públicos.

En este escenario, Lanusse dejó sin efecto centenares de nombramientos políticos realizados por la ex gobernadora en los últimos días de su gestión.