10 de junio 2010 - 00:00
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Bautista Mendioroz
En líneas generales, el partido opositor presentó un proyecto para declarar la necesidad de modificar la carta magna, teniendo en cuenta la elección de convencionales el 17 de diciembre del año próximo y el trabajo de los constituyentes recién en 2012. La estrategia prevé, además, que se intente votar la iniciativa en la próxima sesión del Parlamento, prevista para el jueves 24, apenas unos días antes de la fecha que se fijada para la consulta. Una eventual aprobación en la Legislatura vaciaría de sentido la convocatoria de Saiz.
Crítica
El PJ no se manifestó en contra de modificar la ley de leyes local, tal como lo planteó el mandatario; lo que se critica puntualmente es el «oportunismo» del radical K y su pretensión de reelección. «Una decisión de la magnitud que importa modificar la carta magna provincial no sólo requiere de un espacio de reflexión y de análisis prudente, sino que también exige un escenario político de anuencias y consensos que rara vez se encuentran en las vísperas de un proceso eleccionario como en el que nos situamos actualmente», argumenta el proyecto del peronismo.
Así las cosas, el Ejecutivo reionegrino aguardaba anoche la resolución final del Supremo Tribunal de Justicia sobre la apelación que presentó el martes, luego de conocer la anulación.
En la vereda oficialista, Saiz consiguió que su partido lo respalde y apoye el proceso de consulta, a pesar de que muchos radicales ya habían dado a conocer su opinión negativa sobre el plebiscito y la reforma. Tanto el vicegobernador, Bautista Mendioroz, más once diputados, incluyendo al titular de la bancada, Adrián Casadei, y al presidente de la UCR, Jorge Pascual, habían considerado la semana pasada inútil la iniciativa del mandatario y habían advertido que no iban a participar de la votación.
Giro
De esta manera, el escenario parece haber dado un giro de al menos 180 grados, ya que Saiz logró que el radicalismo de forma «orgánica» se manifieste a favor de la convocatoria.
No obstante, el apoyo de su partido le costó al gobernador una de las cláusulas que más le interesaba del proyecto reformista: en efecto, la UCR decidió pararse de su lado con la condición de que el futuro texto constitucional elimine la «posibilidad de reelección en todos los cargos electivos».




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