Pese a mejoras salariales se extienden focos de reclamos policiales en otras provincias

Ambito Nacional

Los anuncios de recomposición salarial -de tenores diversos- para los efectivos policiales desplegados en los últimos días por un grupo creciente de gobernadores no alcanzaron sin embargo para evitar una extensión de los focos de protestas de los uniformados en las provincias, aunque por el momento sin la magnitud que alcanzó la revuelta bonaerense.

Las postales -las registradas en Santa Fe y Río Negro- graficaron ayer ese escenario.

En tierra santafesina, el peronista Omar Perotti anunció el miércoles que replicará para los policías el acuerdo de recomposición con los estatales ($4.000 en agosto y setiembre, $4.500 en octubre y $5.000 en noviembre para las categorías más bajas). Además sumará un suplemento de $7.000 para quienes cumplen tareas operacionales, una tarjeta alimentaria para 15.800 efectivos y una suba del 30% en el valor de las horas adicionales.

Pero ayer un grupo de policías mantenía una manifestación frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, en Rosario, que incluía el bloqueo a la entrada y salida de patrulleros.

Los efectivos aseguran que el anuncio salarial es “insuficiente” y exigen un salario de bolsillo de $ 85 mil. Una reunión con la flamante titular de la Policía provincial, Emilce Chimenti, no alcanzó ayer para destrabar la protesta, y los efectivos exigían una mesa de diálogo con el ministro de Seguridad, Marcelo Saín.

“Vamos a hacer la mesa de diálogo, vengo dar la cara; pero de esta forma, quemando cubiertas como no nos gusta que haga el resto de la gente, no podemos hablar”, enfatizó allí Chimenti, según lo consignado por La Capital de Rosario.

En sintonía, en la arena rionegrina, la gobernadora Arabela Carreras anunció en la noche del miércoles un aumento para la Policía y el Servicio Penitenciario, que lleva el sueldo de un agente que recién se inicia a 40 mil pesos netos, y a 42.500 en el caso del oficial ayudante.

Sin embargo, fue tildado de “insuficiente” y, bajo la exigencia de un piso de $70 mil, ayer hubo marchas de policías para amplificar los reclamos en ciudades como Viedma, Bariloche y General Roca.

En Santa Cruz, en tanto, ayer uniformados locales desplegaron caravanas de vehículos con “bocinazos” en distintos puntos de la provincia, en reclamo de un haber mínimo de 60 mil pesos. La administración de Alicia Kirchner otorgó este año a los policías una suba del 20% (15% en julio y 5% en septiembre), más adicionales, de la mano de la vigencia de una mesa de negociación casi única en el país.

En paralelo, ayer se sumó Mendoza al mapa de reclamos: la Asociación de Esposas y Familiares de Trabajadores de Fuerzas de Seguridad y Policías presentó un petitorio al Gobierno del radical Rodolfo Suarez en el que reclaman un aumento del 50%, la creación de un Consejo del Salario y que no haya sanciones, entre otros ejes.

Horas antes, Suarez había anunciado el pago anticipado en octubre del reprogramado medio aguinaldo. “El salario del policía en Mendoza es mucho más alto que el de la policía bonaerense, la situación es distinta”, señaló.

En Catamarca, en tanto, el Gobierno del peronista Raúl Jalil activó una mesa de diálogo con las autoridades policiales para evaluar planteos de los efectivos. Su gestión viene de lanzar el pago de un bono de 9 mil pesos en tres cuotas (entre septiembre y noviembre), y los efectivos piden que sea en blanco, entre otros puntos.

El mapa de protestas incluye además a Chubut, donde la situación se agrava por los retrasos salariales. En un intento de descomprimir los reclamos -esta semana hubo movilizaciones en Trelew, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn-, ayer el Gobierno de Mariano Arcioni anunció que hoy depositará los sueldos adeudados de julio, mientras que siguen sin fecha los de agosto.

En tierra jujeña, asimismo, un grupo de policías hizo sentir sus reclamos el miércoles de la mano de una movilización frente a la Casa de Gobierno, pese a la confirmación por parte del radical Gerardo Morales de que la semana que viene abonará el segundo bono de $5 mil, de un total de cuatro. En Salta, en tanto, había ayer versiones fuertes en torno al diseño de un petitorio para ser elevado al gobernador Gustavo Sáenz.

En Corrientes, en esa línea, el Gobierno del radical Gustavo Valdés recibió un petitorio el miércoles. “Estamos trabajando en conjunto y el Gobierno responderá todo lo necesario en un contexto de pleno diálogo, pero insisto: acá no hay inconvenientes mayores”, aseguró ayer el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni.

El primer paso, forzado, lo había dado la semana pasada el misionero Oscar Herrera Ahuad: una protesta policial frente a la Jefatura derivó en la rúbrica en la noche del miércoles de un acuerdo que incluyó un incremento salarial -de mayor impacto en los escalafones más bajos, en ese caso con una suba de más de 16 mil pesos-, la apertura de una mesa de diálogo y el compromiso de que no habrá sanciones judiciales ni administrativas para los uniformados.

Luego se sumó La Rioja, donde Ricardo Quintela anunció un bono de 8 mil pesos para policías y de 5 mil para el Servicio Penitenciario tras una protesta frente a la residencial oficial.

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