Presupuesto y ley fiscal, escollos para refinanciar

Se trata de un proceso complejo, que preocupa especialmente a una decena de gobiernos del interior que, merced a estos pagos, verían seriamente complicada su economía y no estarían en condiciones de cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que ya fue sancionada y que aún aguarda por su reglamentación.La atención está puesta en el Presupuesto nacional, porque allí quedará asentado cuál es el monto que Néstor Kirchner otorgará a la refinanciación de deudas provinciales. Complica el panorama el cronograma del Congreso, ya que la aprobación del proyecto presupuestario estaría recién a fines de noviembre, dejando poco margen de tiempo para negociar.
Por su parte, otra condición para que cada distrito inicie su negociación bilateral con la Nación es la adhesión a la mencionada Ley de Responsabilidad Fiscal. La que no lo haga no se podrá sentar a discutir.
Sobre este último punto existe una fuerte mora, ya que la gran mayoría de las provincias no ha adherido -o lo ha hecho con reparos- a dicha ley nacional -deben hacerlo por medio de la Legislatura-, en parte por la falta de reglamentación, pero principalmente por el debate político que representa aceptar las restricciones al gasto y el endeudamiento que impone la Ley de Responsabilidad Fiscal a partir de 2005.
Una vez salteados estos escollos, las provincias pretenderán que Kirchner cumpla con su promesa de ayudarlas con sus deudas. En definitiva, se trata de resolver la carga que significarán vencimientos por $ 8.700 millones durante los próximos dos años. Vale decir que los servicios de deuda provincial aumentan 42% en 2005 ya que comienza la amortización del Bono Garantizado 2018 del canje de deudas y los préstamos del Programa de Financiamiento Ordenado (PFO) 2003, que se suman a los de 2002.
Esta situación generaría que unas once provincias arranquen 2005 incumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal -que establece para cada ejercicio fiscal que los servicios de deuda no puedan superar 15% de los recursos corrientes, bajo amenaza de sanciones-, por lo cual, según fuentes del Palacio de Hacienda, existe el compromiso de Nación de no abandonar la asistencia financiera a las provincias para la renegociación de la deuda.
De este modo, las provincias encaran dos frentes para comenzar a renegociar. Por un lado, el externo, en espera del Presupuesto nacional 2005 y el cumplimiento de la palabra del Presidente; por el otro, el acuerdo político para aprobar la Ley de Responsabilidad Fiscal que, en muchos casos, es un mero trámite, pero en otros significa una durísima discusión con legisladores opositores.
Una de las trabas que puede activarse en la discusión es la posición que algunos sectores políticos tienen sobre la situación de muchas provincias, en las cuales entienden que más allá de la obtención de equilibrio fiscal, «si se encara la problemática con una mirada no monetarista, son muchos los gobiernos que deberían generar un presupuesto deficitario en 2005, para intentar recomponer el atraso en la solución de necesidades insatisfechas de la población», según reveló ayer una fuente del interior.
En el marco de la renegociación de las deudas, no es un factor para desestimar el hecho de que la Nación es el principal acreedor de las provincias, al absorber alrededor de 75% de su pasivo.
Una de las intenciones de los provinciales es, a priori, que los vencimientos se corran en el tiempo, habida cuenta de que a partir de 2007, la mayor parte de los distritos no sufriría complicaciones para cumplir con el tope de 15% que impone la ley nacional.
Un tercer factor en este panorama provincial será el modo en que Nación refinanciará las deudas en cuestión. El instrumento sería el conocido PFO, que ahora mutará en un «Convenio bilateral en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal». Esto significa que -así como el inicio de las negociaciones- el acceso financiamiento estará también en este punto condicionado a la aprobación provincial de la Responsabilidad Fiscal.