Prometen a municipios ley de espacio público

La promesa presidencial se encuadra en su política de renegociación con las privatizadas y fue hecha en el marco de la ceremonia de asunción del nuevo presidente de la FAM, Carlos Villafañe, intendente de Río Gallegos, elegido interinamente en el cargo hasta noviembre tras la salida del cordobés Eduardo Accastello, que ahora ocupa el Ministerio de Gobierno de su provincia.Reunidos ayer al mediodía en el Salón Blanco de la Casa Rosada, los intendentes y Kirchner -acompañado por el ministro de Planificación, Julio De Vido; y de Salud, Ginés González García- tuvieron una charla muy afectuosa, que redundó en la entrega de souvenirs para el Presidente (un arbolito de acrílico de la FAM y un recuerdo con los colores racinguistas) y en el compromiso del Ejecutivo de dar curso a la ley, así como apoyar un proceso de descentralización de los planes sociales.
 Reclamo
El proyecto de ley para el cobro por el uso del espacio público a las telefónicas es un viejo reclamo de los municipios. Fue aprobado por el Congreso el 29 de agosto de 2001 (n° 25.464), pero vetado totalmente por De la Rúa dos meses después. Si bien Diputados rechazó el veto en julio de 2002, la ley de caducidad (n° 13.640) establece que los proyectos observados por el Ejecutivo caducan si no son confirmados por el Congreso durante ese año parlamentario o el siguiente, que culminó el 28 de febrero de 2003. Esto significa que el impuesto a las telefónicas por el uso del espacio público requeriría el armado de un nuevo instrumento legal.
Según el proyecto original, las telefónicas debían pagar a los municipios hasta 2% del total facturado dentro de su jurisdicción, lo que representaría más de $ 130 millones al año. Este tipo de canon se aplica en los Estados Unidos, donde alcanza 7%, y en Europa en un promedio de 4,5%. De los 2.156 municipios argentinos, los más beneficiados serían unos 45, ligados a las principales ciudades, como Buenos Aires, que acapararía 30% del total.
La FAM prevé que como el canon es «hasta» 2%, éste se iría bajando a cambio de que las telefónicas realicen obras de infraestructura, como cableado subterráneo o mejoramiento de los posteados. Por su parte, según explican desde la FAM, las empresas no podrían transferir esta carga en las tarifas, ya que no se trataría de un impuesto nuevo, sino que se estaría eliminando la excepción de la que gozan las telefónicas, amparadas en un beneficio destinado originalmente a la extinta estatal Entel.