Provincias reeditan queja por reparto de coparticipación

Maurice Closs

Presionados por los cada vez más generalizados apremios de cuentas, un ramillete de gobernadores fogoneó nuevamente el reclamo de una reparto «más justo» de la coparticipación, cuya mayor tajada hoy es devorada por la Casa Rosada.

Para amplificar la pretensión -hoy por hoy, difícil de saciar-, los mandatarios se apoyaron en las recientes asambleas legislativas de apertura de sesiones ordinarias, o incluso, de manera más solapada, en la argumentación de paquetes de subas impositivas.

En paralelo, y en medio de una escalada de mecanismos para buscar financiamiento adicional -que incluye emisión de bonos y Letras del Tesoro, y aumentos tributarios-, algunos Ejecutivos debieron salir a aclarar que no piensan reflotar las polémicas cuasi monedas.

«El Gobierno no analiza jamás la posibilidad de emitir cuasi moneda», afirmó por caso el jefe de Gabinete del cordobés José Manuel de la Sota, Oscar González, luego de que el intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, propusiera al cacique mediterráneo volver a implementarlas para pagar los salarios de los empleados estatales.

En sintonía, el entrerriano Sergio Urribarri remarcó que «maliciosamente se intenta instalar que se pagarán los sueldos con bonos federales». «Nunca emitiría bonos, ya que hay un presente de crecimiento de Entre Ríos», resaltó.

«Injusticia»

En lo que respecta a la coparticipación, desde Misiones, el renovador Maurice Closs -de buena sintonía con Cristina de Kirchner- se quejó de la «injusticia de nuestra coparticipación federal», en su discurso de inicio de la actividad parlamentaria del pasado martes.

«Difícilmente será resuelta», se sinceró, por lo cual hizo hincapié en que dependerá de la «capacidad de gestión» de su administración «obtener fondos compensadores puntuales del Gobierno federal».

Por su parte, el socialista Antonio Bonfatti enfatizó en la Asamblea Legislativa de Santa Fe que su provincia «sufre la desestructura impositiva del país» y ostenta «falta de autonomía fiscal». La Casa Gris ya llevó a la Corte Suprema nacional, durante la gestión del también socialista Hermes Binner, la batalla por un reparto más equitativo.

Días atrás, por su parte, el gobernador bonaerense Daniel Scioli insistió -a la hora de enumerar los fundamentos del paquete de subas impositivas enviado al Parlamento-, que «continúa pendiente el debate de una distribución de la renta federal que corrija la injusta situación que experimenta nuestra provincia», en referencia a los seis puntos de coparticipación que cedió Buenos Aires durante la gestión de Alejandro Armendáriz.

En rigor, el diseño y aprobación de una nueva ley de coparticipación aparece hoy como improbable si se tiene en cuenta que requiere del aval en el Congreso de Nación y de todos los Ejecutivos locales.

La discusión, además, tiene los límites de la frazada corta. Hoy Nación se queda con cerca del 75% del total de recursos coparticipables, mientras que el resto es derramado sobre las provincias en función de porcentajes fijos. Por ende, con cualquier retoque habrá ganadores y perdedores, salvo que la masa a repartir crezca a su vez de manera considerable, un escenario que en la actualidad parece utópico.

Por de pronto, el reclamo de fondo apunta a que los distritos subnacionales puedan recibir una porción mayor de la coparticipación respecto de Balcarce 50 (la actual distribución quedó sellada a fuerza de sucesivos parches en la ley madre), aunque también hay discusiones en torno a la manera en que se reparte el resto de los recursos entre los mandatarios.

La aspiración reformista se acrecienta si se tienen en cuenta la mayor presión que ejercen las urgencias de cuenta de las provincias y el hecho de que las transferencias de coparticipación muestran en los últimos meses una preocupante desaceleración en los incrementos.

A ello se suma, además, una inesperada merma en esas remesas -respecto de los niveles para este año que se esperaban en diciembre de 2011-, producto de la reinstauración de quitas automáticas para nutrir un fondo educativo federal.