Riesgoso: frenó la Suprema Corte ajuste a judiciales

La resolución de la Sala Civil, conformada por un tribunal de los conjueces Eduardo Pithod, Gustavo Campoy y Carlos Cuervo, del 1 de agosto, indica que los montos deberán liquidarse a «partir de enero de 1999» y no desde 1996, cuando se paralizó el pago de ese ítem, durante la gestión del justicialista Arturo Lafalla, como solicitó el demandante original. Desde el gobierno del radical Roberto Iglesias explicaron que con una simple presentación en la Justicia detendrán el pago de la millonaria deuda, aunque reconocen que la avanzada de los judiciales seguiría su curso en la Fiscalía de Estado -que en su momento señaló que «el tema debía discutirse en las convenciones colectivas de trabajo»- y, en caso de obtener prioridad, ingresará en el presupuesto 2004 y se terminaría pagando a los empleados.
El expediente en cuestión tiene el número 70.863 y fue iniciado en 2001, caratulado «Drot de Gourville, Enrique c/Gobierno de la Provincia de Mendoza p/acción procesal administrativa» y tiene un dictamen del letrado Pedro Lela -ofició de procurador general-, quien reconoció el derecho «a partir de 1997», pero Campoy y Cuervo consideraron que el reclamo por los años 1997 y 1998 había prescripto y recién había vigencia desde 1999, cuando se planteó formalmente el primer reclamo. La intervención de conjueces en el caso se produjo ante el apartamiento de los miembros del máximo tribunal; en tanto que agotadas las instancias en Mendoza, el caso podría terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, instancia a la que apelaría el Poder Ejecutivo provincial en caso de que avance el pedido de los judiciales.