En medio de la discusión en pos de retoques a la flamante y polémica ley fiscal, el Gobierno de Daniel Scioli avanzó ayer en la posibilidad de un entendimiento con el campo, de la mano de una suerte de principio de acuerdo con el campo por el cual los ruralistas aceptaron un aumento del Impuesto Inmobiliario Rural de hasta un 35%, aunque sólo en la zona núcleo productiva bonaerense. La iniciativa actual contempla subas de hasta un 129%, aunque también exenciones en una decena de partidos.
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La postal quedó delineada tras un encuentro mantenido entre funcionarios de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) -que lidera Rafael Perelmiter-, legisladores de la comisión bicameral encargada de la revisión del tributo y representantes de la Mesa Agropecuaria Provincial (que mantiene en suspenso un paro del campo).
No obstante, y según fuentes ruralistas que participaron de la reunión, la postal terminará de ser analizada y delineada en las próximas horas, ya que el Gobierno bonaerense insiste en recaudar 170 millones de pesos extra a partir de la suba de ese gravamen.
En este marco, y a poco de llegar al país tras su viaje a Miami, Scioli -y parte de su gabinete- mantendrán hoy un encuentro con un grupo de intendentes para analizar aspectos de la reforma fiscal.
Según trascendió, la semana próxima podría definirse el nuevo valor del Inmobiliario Rural en territorio bonaerense, a partir de la generación de otro instrumento de cálculo sobre la base del actual monto del impuesto, al que se le «inyectaría» un porcentaje por zona. No se tomaría entonces como índice base el revalúo realizado en 2005, sino que se continuaría con el de 2003.
En las últimas horas, y en el marco de su gira por Miami, el propio Scioli había confirmado que «la posibilidad más firme que surgió hasta ahora es que la provincia mantenga el nivel de recaudación que ya previó con los cambios en el Inmobiliario Rural, pero de manera que (los aumentos) no surjan de aplicar nuevas valuaciones sino de un porcentaje sobre los valores (del impuesto) que se pagan».
En ese marco, incluso desde el Gobierno provincial no descartan dejar sin efecto los valores fijados a la tierra en 2005 -en tiempos en los que conducía la provincia Felipe Solá-, sobre todo luego de que Scioli asegurara que «los ruralistas están de acuerdo en que se haga una valuación nueva, de cara al futuro».
En paralelo a las discusiones en torno al impacto de la suba del Impuesto Inmobiliario Rural, también avanzan las negociaciones en torno a la manera en que el Gobierno moderará el flamante tributo a la carga y descarga de mercadería en puertos bonaerenses, que enervó a empresarios y trabajadores del sector portuario y a los propios ruralistas.
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