Salta: habeas corpus en contra de la "Operación Roca" de Patricia Bullrich, que enciende alertas en Bolivia

Organismos de Derechos Humanos salteños advirtieron que la Casa Rosada habilitó a las Fuerzas Armadas para realizar seguridad interior, lo que "pone en riesgo derechos fundamentales como la libertad ambulatoria y el debido proceso". Quejas desde Tarija y Yacuiba.

Patricia Bullrich y Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, durante un recorrido por la frontera norte.  

Organismos de Derechos Humanos de Salta presentaron un hábeas corpus preventivo en contra de la "Operación Roca", que pusieron en marcha los ministros de Seguridad Nacional y de Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, para reforzar la vigilancia en la frontera norte. Pidieron que se ordene al Gobierno abstenerse de "aplicar las normas y disposiciones que habilitan la detención de civiles por parte de las Fuerzas Armadas, hasta tanto se dicte sentencia definitiva". En forma paralela, desde Tarija y Yacuiba, Bolivia, se señaló que la relación bilateral entre ambos países podría verse afectada por la habilitación de la Casa Rosada a detener a civiles en situación de flagrancia en las zonas fronterizas.

La acción se presentó ante el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, que tiene jurisdicción sobre los departamentos salteños Orán, San Martín y Rivadavia, en donde el Gobierno comenzó a desplegar tropas de las fuerzas armadas para que realicen tareas de vigilancia y control en zonas de fronteras, en el marco del Plan Güemes. Se señala que serían alrededor de 10.000 los miembros de varias fuerzas que serán apostados en esas zonas.

El recurso judicial, presentado con el patrocinio del abogado Martín Plaza, cuestiona la constitucionalidad de los DNU 1107/24 y 1112/24 y la resolución ministerial 347/35, dictados por el gobierno de Javier Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri, para habilitar la participación de las fuerzas armadas en seguridad interior. "Ambos instrumentos vulneran derechos fundamentales como la libertad ambulatoria, el debido proceso y la garantía del juez natural", sostuvo Plaza, en una conferencia de prensa junto a referentes de la Mesa de Derechos Humanos de Salta y el Comité Contra la Tortura de Salta, que se realizó este último martes 27.

Uno de los puntos más preocupantes, según la Mesa de DDHH, radica en que la normativa vigente permitiría la detención de civiles en situaciones de presunta flagrancia por parte de personal militar. "Queremos prevenir cualquier detención ilegítima o arbitraria, especialmente en una región donde hay muchos trabajadores informales y comunidades vulnerables", detalló el abogado.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), seccional CABA, acompañó esta acción y de acuerdo al secretario general Daniel Catalano, el plan de militarización encubierta viola la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior. "No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se avanza con mecanismos propios de gobiernos represivos bajo la excusa del combate al narcotráfico", señaló en una entrevista. "El nuevo marco jurídico pretende legitimar el uso de las fuerzas armadas para la represión de la población civil, en zonas inhóspitas, sin regulación clara, con objetivos reservados, sin mecanismos de rendición de cuentas, ni límites definidos", remarcó.

Malestar en Bolivia

La militarización de la frontera norte del país también generó la reacción de referentes de distintas organizaciones de las ciudades de Bolivia que colindan con la provincia de Salta. El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, solicitó a la Cancillería de su país que solicite información a su par argentino sobre la "Operación Roca", para evitar una tensión diplomática entre ambos países. "Respetamos la decisión argentina y esperamos que no haya excesos contra civiles bolivianos que cruzan las fronteras por razones de trabajo o actividad comercial", señalo Gira, en diálogo con el medio boliviano El Deber.

La Mesa de Derechos Humanos de Salta en la conferencia de prensa en la que anunció la presentación del hábeas corpus.

Por otro lado, el presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Henry Medrano, coincidió con Gira, en que una cosa es la lucha contra el narcotráfico y otra, la delincuencia. Para el referente, el narcotráfico es la "madre" de los delitos y se realiza por más de 100 pasos ilegales que existen con Salvador Mazza. El abogado Esteban Ortuño, miembro de esta organización, consideró que la militarización "es parte de una demagogia del gobierno del presidente Javier Milei". Agregó que espera que la medida del Gobierno argentino no tensione la relación bilateral. Desde la Cancillería boliviana se informó que un pronunciamiento se difundirá en breve.

En las últimas horas, el presidente del Comité Cívico Potosinista, Alberto Pérez, pidió a las autoridades gubernamentales de ambos países que se constituya una mesa de diálogo para evitar un posible deterioro de la relación bilateral.

En su opinión, es necesario que los presidentes o cancilleres se reúnan por el temor a que surjan problemas con el despliegue de los efectivos militares argentinos.