Santa Cruz: un fallo frenó develar fondos en exterior

El fallo de Carlos Arenilla s -titular del Juzgado Provincial de Primera Instancia N° 1- emitido el martes, señala que el amparo «no es la vía idónea» y que «ha vencido» el plazo para su presentación, ya que «se solicita información que tiene más de una década de origen». «Si se demanda información que tiene más de 10 años, si se pretende saldar el dilema de la anterior administración, ¿cuál es la situación actual de peligro en virtud de la cual el amparista encuentra la certidumbre de que la actuación normal de la justicia va a llegar tarde? Honestamente este magistrado no la encuentra», señaló el fallo
Para Arenillas, el amparo de Prades no es idóneo ya que busca «atribuir responsabilidades», a la vez que señala: «No cuestiono esta intencionalidad política y jurídica del amparista, simplemente señalo que equivocó la vía».
El fallo fue catalogado por el radicalismo como una «maniobra jurídica de encubrimiento» por lo cual anticiparon a Ambito Nacional que mañana presentarán un recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones provicial y que «seguirán todos los procedimientos legales hasta llegar a la Corte Suprema».
Ante una negativa en la Cámara, los radicales recurrirían al Superior Tribunal santacruceño y luego presentarían un recurso extraordinario en la Corte nacional «No confiamos en la Justicia provincial», ya había sostenido Prades, que además es titular de la UCR local.
El 15 de setiembre pasado, el mismo tribunal que ayer rechazó el amparo -pero entonces a cargo de la jueza subrogante Claudia Guerra- había hecho lugar al pedido de Prades, otorgándole el «derecho a acceder a la información pública que pretende en torno a recibir información, fidedigna, adecuada, suficientemente documentada y exacta acerca de la evolución y del destino dados a los fondos públicos provenientes de las regalías petrolíferas mal liquidadas, brindándose completo detalle de las cuantías recibidas del gobierno nacional, inversión, aplicación, adquisiciones y ventas de acciones de YPF SA».
El plazo otorgado por Guerra venció el jueves pasado, día en que el fiscal de Estado, Pablo González, hizo entrega de un informe que no contenía la documentación solicitada por Prades y se limitaba a sostener la improcedencia del amparo.
Desde el oficialismo se defienden asegurando que el Tribunal de Cuentas en un dictamen de julio pasado ya hizo una rendición del dinero depositado en el exterior. La postura del radicalismo, en tanto, apunta que dicho dictamen indica que la provincia tiene depositados en el exterior unos u$s 507 millones, pero no da ninguna información de las operaciones ocurridas entre 1993 y 2003, durante el mandato de Kirchner.
Aseguran los opositores -con apoyo de figuras como Ricardo López Murphy y Elisa Carrió-, que durante la «década kirchnerista» los activos provinciales provenientes del cobro de regalías petrolíferas mal liquidadas de la ex YPF alcanzaron, sumando intereses, cerca de u$s 1.200 millones.
El peronismo defiende su posición señalando que unos u$s 600 millones habrían sido repatriados en los últimos 5 años y luego sumados al Presupuesto local, pero hasta el momento no han respondido al pedido de la UCR de presentar documentos que avalen esa hipótesis y den cuenta del circuito que siguió el dinero.