Se acentúan sospechas de nueva intervención

Esta es la sensación que anida en algunos sectores del poder provincial y el primero en advertirlo fue Adolfo Rodríguez Saá, justamente quien ejerció la conducción de la provincia desde 1983 en adelante. Hace quince días se ubicó en el centro del tablero provincial con el objetivo de apuntalar a la gestión de su hermano, acorralado por una sucesión de conflictos que se materializaron en masivas movilizaciones y entrampado por la crisis institucional de la capital provincial donde insólitamente coexisten dos intendentes. Desde entonces Rodríguez Saá no ha parado de enviar señales hacia todos los sectores -incluso hacia su mismo partido que le demandó «peronizar» el gobierno- para descomprimir los conflictos y salir de cualquier forma del centro de la escena nacional.Sin embargo, la reacción que tuvo en medio de la crisis con el gobierno de Néstor Kirchner no fue justamente la de buscar un acercamiento, todo lo contrario. Le achaca a la SIDE «estar detrás» de los conflictos locales y hasta de un «magnicidio». El gobernador fue más allá y planteó ante la Legislatura provincial que «el único conflicto que existe y del que no se habla es la deuda de la Nación con la provincia» de $ 1.081 millones.
Con la intervención federal ya instalada en Santiago del Estero, Rodríguez Saá no ignora que la situación sanluiseña «es monitoreada día a día» por el gobierno nacional. La certificación la tuvo ayer a través de las declaraciones de Aníbal Fernández al diario «La Nación», que dijo que «la situación que se vive allí preocupa al Presidente por la gravedad de los hechos que se conocen». «Por eso Adolfo Rodríguez Saá se apuró y abrió el paraguas cuando el Congreso trató la ley que desembocó en el desplazamiento del matrimonio Juárez del poder en Santiago», evaluó ayer un dirigente puntano opositor para quien están dadas todas las condiciones para que la administración Kirchner tome «medidas de fondo» en la provincia.
La oposición provincial parece dispuesta como nunca a acompañar el «remedio» federal. De hecho el varias veces legislador y actual senador nacional Jorge Agúndez pidió por primera vez y formalmente a -través de un proyecto de ley- la intervención del Poder Judicial. Aunque la oposición descree de la convocatoria al diálogo a la Iglesia, la oposición y los docentes para «encontrar las soluciones a todos los conflictos», la gestión de Rodríguez Saá dedica todos sus esfuerzos a tratar de desarticular cualquier elemento que pueda entenderse o leerse como «crisis» o «desequilibrio del orden institucional».
Sabe que si sigue acumulando «excusas» tendrá el mismo final de Santiago. Tanto Adolfo como Alberto Rodríguez Saá parecen haber tomado conciencia: «A esta altura ya están convencidos de que Kirchner los quiere borrar», admitió ayer un funcionario provincial.