Semana clave en pelea con jueces

Si se suman los dos embargos anteriores, las arcas provinciales ya debieron pagar unos $ 5,5 millones en los últimos meses para devolver el recorte a los judiciales. Hay, además, un futuro embargo en puerta. El que se ejecutaría por unos $ 6 millones, ante el pedido de 24 jueces que solicitan un aumento de 40% en sus sueldos, amparándose en un acuerdo firmado en 1986 entre la Corte y el entonces gobernador Felipe Llaver, por el cual los salarios se ajustaban según el avance de la inflación.
Todo podría complicarse seriamente para el gobierno mendocino si el conflicto deriva en un rumbo que ya están temiendo. Podría ser que al reclamo de los 24 jueces se sumen los otros 336 magistrados de la provincia, incluyendo la Suprema Corte. A partir de allí, por medio de una cláusula de enganche, también podrían sumarse todos los empleados judiciales, con lo que el aumento salarial para todo el sector sumaría alrededor de $ 125 millones, cifra que el Ejecutivo no está dispuesto a aceptar.
«El pedido de aumento es legal, pero no es ético», alegan desde el entorno de Iglesias, y aseguran que «la sociedad mendocina no está de acuerdo con que los jueces se aumenten el sueldo». Esgrimen al respecto una encuesta publicada este domingo en los medios gráficos locales, en la que más de 90% se manifestó contra la suba salarial. «Además -dicen en el Ejecutivo-, con el argumento de la inflación, tranquilamente podrían haberse bajado los sueldos cuando hubo deflación en la década del ’0.»
En el Ejecutivo entienden que el enfrentamiento con la Justicia parte del afán reformista del gobernador, que siempre se mostró a favor de disminuir el número de jueces y de una reducción de las vacaciones del sector (tienen 45 días hábiles por año).
Lo que le queda ahora a Iglesias y su gente es que no crezca el reclamo salarial de la Justicia, mientras espera la respuesta de la Suprema Corte que, por escrito, dará a conocer su posición ante los dos proyectos que el Ejecutivo impulsa en la Legislatura. Uno de ellos pretende decretar la autarquía del Poder Judicial, obligándolo a manejar sus propios fondos, y el otro, declarar nulas las herramientas legales que actualizan los sueldos judiciales por inflación.