Merced a la Ley de Emergencia Agropecuaria, aquellas regiones declaradas bajo desastre o emergencia deberán ser objeto de compensaciones por parte del Estado en el pago de impuestos, por lo cual se atenuaría el efecto de la suba que, en algunos casos, trepa a 120% y que en promedio es de 80 por ciento.
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La noticia no terminó siendo completamente feliz para los ruralistas bonaerenses, ya que durante la tarde de ayer había circulado información acerca de que el gobierno de Felipe Solá «revería» los aumentos para las regiones más complicadas.
Esto obligó a que la Subsecretaría de Agricultura y Economía Rural de Buenos Aires difundiera un comunicado aclaratorio sobre los dichos que su titular, Pablo Urdapilleta, emitidos a radios locales y que luego fueron levantados en medios platenses como una «probable revisión de los índices».
Lo que sucederá en los hechos, según indicó ayer el gobierno, es que los productores que queden encuadrados en la figura de «emergencia agropecuaria» diferirán el pago de los aumentos impositivos, en tanto que los que sufran «desastre agropecuario» directamente «no pagarían el impuesto», tal como informó la cartera dirigida por Urdapilleta.
Por su parte, el titular de la cartera de Agricultura indicó que, a raíz de la prolongada sequía, las pérdidas en la provincia ascenderían a 40% del total en el plano nacional, que se elevaría entre u$s 1.000 millones y u$s 1.500 millones, según distintas estimaciones. «Cerca de u$s 600 millones de dólares» dejaría de percibir el campo bonaerense, afirmó Urdapilleta.
La mencionada suba de 120% afecta a 28 de los 134 municipios de Buenos Aires, pero en contraste se dispuso un piso de 0% en los distritos del Sudoeste que se encuentran en estado de emergencia.
El mecanismo utilizado para determinar el incremento no fue el crecimiento del valor de las tierras ni un aumento directo de la alícuota, sino que se tomó en cuenta un índice de productividad avalado por el Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense, ya que los productores no aceptaron el revalúo coordinado en 2003 por la dirección de Catastro.
En un primer contacto con las autoridades del ministerio, las asociaciones de ruralistas habrían pedido un incremento uniforme para evitar «distorsiones regionales».
La propuesta entonces fue de 60% de incremento, pero el ministro de Economía local, Gerardo Otero, habría dicho que no estaba dispuesto a bajar del promedio de 80% que finalmente se aplicó.
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