Sigue la polémica en Santa Cruz por orden de desalojo

Bellver, a quien le compete la causa del desalojo, aseguró que investigará «si hubo excesos» de parte de los efectivos, aunque consideró que «autorizados a actuar estaban». En esa línea, aclaró, además, que «el responsable de Gendarmería puede actuar en prevención o ante la comisión de un delito». «El corte de ruta es un delito; entonces, actuó en consecuencia», dijo.
Sorprendieron a la provincia las declaraciones de Bellver, teniendo en cuenta que la Gendarmería actúa a partir de órdenes judiciales o políticas, pero no de oficio.
El fiscal, además, admitió que antes de que se desatara el accionar de la Gendarmería, le «preguntaron» si «iba a dar la orden» de despejar la ruta. «Yo dije que sí, una vez que me llegara la causa a mí», reconoció, aunque luego volvió a recalcar que «por escrito (no hubo) ninguna» disposición.
Presuroso, poco después de los incidentes, el miércoles Peralta había asegurado en un comunicado oficial que el «fiscal federal perteneciente a la Justicia Federal con asiento en Comodoro Rivadavia» había ordenado «el procedimiento de desalojo». En sintonía, esa tarde, el jefe de Gendarmería de Santa Cruz, Roberto Caserotto, había aclarado que «se actuó con conocimiento de la Fiscalía Federal y de la Justicia».
Sin embargo, la jueza federal Eva Parcio -en línea con los dichos del fiscal- también sostuvo ese miércoles que no dio la orden de reprimir la protesta, cuyo desalojo dejó el saldo de una periodista radial herida por balas de goma. Se trata de Adela Gómez, hermana del titular del gremio docente en Caleta Olivia.
Por su parte, tras el operativo, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, ordenó al director de esa fuerza, Héctor Schennone, «detectar» y «dar de baja» al personal que disparó con balas de goma contra los manifestantes mientras, además, fue relevado el jefe del operativo.
Ayer, la polémica derivó en una carta documento dirigida a Peralta, enviada por la combativa Asociación de Abogados de Río Gallegos. Allí lo intimaron a que en un plazo de 72 horas sean retiradas de la provincia las fuerzas de Gendarmería, bajo apercibimiento de iniciarle una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. En la carta advierten que hoy se encuentran «amenazadas» las garantías constitucionales y que Peralta es el «responsable de la seguridad pública».
Mientras tanto, intentaba anoche el gobierno santacruceño -en una reunión en Comodoro Rivadavia con las partes- acelerar la resolución del reclamo de los trabajadores de la firma Empasa, de Caleta Olivia, que prestan servicios de saneamiento a compañías petroleras y que pretenden dejar de ser regidos por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores para ser encuadrados en el convenio de los petroleros, con el consiguiente mejoramiento en sus salarios. Por ello seguían cortadas ayer -de manera intermitente- la Ruta Nacional 3 y la Provincial 12, por lo que se percibían ya algunos signos de desabastecimiento de mercaderías en esa localidad. El bloqueo era total, en cambio, para el caso de vehículos ligados a la industria petrolera, lo que complicaba seriamente el trabajo de los yacimientos.
En la madrugada, en tanto, fue liberado el único trabajador detenido, Jorge Chanampa, aunque permanece imputado por haber participado del bloqueo. Ayer, Chanampa castigó al ministro de Trabajo nacional, Carlos Tomada. «No hay solución a nuestro pedido por la continuidad laboral y por el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo de los petroleros», dijo.
Mientras, forzado por los tiempos de campaña, que no admiten más pasos en falso, ayer el Frente para la Victoria debió levantar la mano en la Legislatura para aprobar un pedido de informes reclamado por legisladores escindidos de la fuerza. Por ello, dentro de los próximos cinco días, el ministro de Gobierno, Pablo González, deberá intentar echar un manto de claridad sobre el polémico accionar de los gendarmes. Por la mañana, González -candidato del FpV- había asegurado que esa pretensión «denota la ignorancia supina de las leyes de estos diputados» o una «intencionalidad política» porque el episodio se desató en una ruta nacional e involucró a efectivos de seguridad nacionales.
En paralelo, sugestivamente recién en la sesión de ayer -a un mes hoy de la irracional embestida de Daniel Varizat sobre una veintena de manifestantes- fue también aprobado un repudio a la conducta del detenido ex titular de la cartera de Gobierno. En disidencia sólo votó Oscar Vázquez, íntimo amigo de Kirchner, por considerar a Varizat un «preso político».
Los violentos episodios santacruceños recorrieron las pantallas del mundo y ayer motivaron la condena del Centro para la Protección de Periodistas (CPJ) radicado en los Estados Unidos.