Sistema electoral y representatividad

Si bien subsisten nada desdeñables espacios de resistencia, todo hace pensar que la voluntad de los sectores políticos confluirá en la derogación de la ley de lemas, accediendo por fin a un reclamo que la sociedad y las organizaciones vinculadas al quehacer institucional han sostenido de manera continuada e insistente y que llegó a un punto de eclosión con los despropósitos verificados en los últimos comicios. Como confirmación de esa voluntad, el gobierno provincial planteó la posibilidad de convocar a un plebiscito, cuyo propósito seguramente apunta más a presionar sobre los remisos que a sondear la opinión de la ciudadanía, expresada de manera elocuente a través de distintos sectores representativos y encuestas diversas. Por eso, más allá de las escaramuzas partidistas que aún restan, cobra relevancia la discusión a fondo sobre las características que debe tener el nuevo sistema electoral. La propuesta del Poder Ejecutivo consiste en llevar adelante internas abiertas, simultáneas y obligatorias, tanto para los partidos políticos como para los ciudadanos. Este último aspecto -inédito en la legislación nacional y con escasos antecedentes en otras provincias- generó algunas críticas, ya que hay quienes argumentan que la participación en la vida interna de las fuerzas políticas es voluntaria y que lo contrario supondría una imposición inconstitucional.
 Integrado
Para los que propician la obligatoriedad, se trata de considerar el trámite electoral como un proceso integrado, por lo cual, en cada una de sus etapas el voto reviste la condición de derecho-deber que le asigna la Carta Magna.
También se apuntó que la instrumentación del sistema y su nomenclatura inducen a confusiones, por lo cual, algunos proyectos alternativos sugieren un mecanismo de elecciones primarias, con la misma orientación y ciertos ajustes formales. Estos ejemplos -fundados en los aspectos más importantes que merecieron algún tipo de impugnación u oposición- ponen de manifiesto la importancia de tomar en cuenta numerosas consideraciones, tanto en lo que respecta a criterios de conveniencia como de pertinencia jurídica. Todo lo cual conduce a un desafío crucial, que excede ostensiblemente al sector dirigencial e interpela de manera directa a la ciudadanía.
De nada servirán los esfuerzos -sinceros o especulativos- de la clase política por mejorar el sistema electivo si la comunidad no se compromete a apuntalar el proceso; esto es, criticar, pero también participar. Esta participación debe darse a pleno en los ámbitos de discusión generados -o a generarse- en el eventual plebiscito al que se convoque y, finalmente, en las instancias de concreción.
Es de sobra conocido que la oposición a la ley de lemas es tan amplia como, en muchos casos, basada en percepciones superficiales, que no por acertadas dejan de ser poco responsables.
Muchas personas no conocen realmente el sistema del que hoy reniegan, y sería deplorable que ese error se repita cuando se está a las puertas de propiciar uno que, al menos en sus enunciados, apunta a ser más abierto y democrático. Los despropósitos y las alteraciones de la voluntad popular producidos por el actual régimen de doble voto simultáneo no pueden ser reemplazados por otros equivalentes, volviendo a las nocivas manipulaciones de los aparatos partidarios.
De todos modos, esto todavía debe complementarse con una serie de medidas de similar importancia, abarcadas genérica y simplificadamente por el rótulo «reforma política» y tendientes a propiciar niveles más genuinos de representatividad. De manera que la consabida -y ojalá redundante- apelación a la participación corre, en este caso, por carriles concretos y trascendentes. Que no sólo se proyectan sobre los resultados de tal o cual comicio, sino también sobre la posibilidad de que los santafesinos sean gobernados por las personas que realmente escojan para eso.