Solá pide a la Corte fallo a favor de Montoya

El planteo, concretado en las últimas horas, alega que las leyes no pueden estar sujetas a recursos de amparo y que, en cambio, es el máximo tribunal provincial el que tiene la incumbencia en litigios acerca de la constitucionalidad de las normas.
La ley en discusión es la que le concedió al subsecretario de Ingresos Públicos la atribución de embargar cuentas bancarias, activos financieros, bienes y sueldos, y de secuestrar autos de contribuyentes morosos, todo sin intervención previa de la Justicia.
Lo que pide Solá es que, hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo, se anule la medida del juez en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Enrique Arbizu, quien en el marco de un recurso de amparo por la presunta inconstitucionalidad de esa norma ordenó la suspensión preventiva -hasta que el mismo magistrado se expida sobre ese planteo de fondo- de acciones de embargo y secuestro.
En el entorno del mandatario aseguran que los antecedentes en esta materia los favorecen. En efecto, ya en varios fallos previos el máximo tribunal local definió como propia la incumbencia en los planteos de constitucionalidad de las normas y derribó, en controversias de ese tipo, medidas preventivas dispuestas en instancias judiciales inferiores.
Sin embargo, más allá de este optimismo, es necesario tener en cuenta que la Corte aún no se expidió sobre las presentaciones contra de la presunta inconstitucionalidad de los superpoderes, concretadas semanas atrás por el Colegio de Abogados de la provincia y por una entidad de defensa de los consumidores Adecua.
En las últimas semanas, Montoya avanzó con su polémico plan de secuestros -sin orden judicial- de autos con deudas impositivas, mientras que en los próximas días, venia judicial mediante, planea secuestrar yates y embargar cuentas bancarias para hacer frente a los morosos.
Más allá de la discusión en el ámbito judicial, también parece percibirse un tironeo político fronteras adentro del gabinete de Solá.
En estos supuestos cortocircuitos se enmarca el impulso, por parte de algunos sectores del oficialismo, de convertir a la Subsecretaría de Ingresos Públicos (hoy, dependiente del Ministerio de Economía) en un ente autárquico del gobierno provincial. De concretarse, esta iniciativa otorgaría un mayor poder político a Montoya, en detrimento del que muestra hoy Gerardo Otero, conductor de la cartera de Hacienda y cuya gestión recibiría hoy críticas desde un sector del gabinete de Solá, más allá del apoyo que le brinda el mandatario.