25 de octubre 2006 - 00:00
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Resultado
Calificó al hecho como «el resultado del esfuerzo de una entidad que ha demostrado en muy poco tiempo una alta eficiencia en la gestión».
«Y en este caso, además, asistida por nuestra política de cobranzas ha establecido un criterio de equidad que influirá sobre la totalidad de la cartera, al lograr que los que más deben sean los que primero pagan», agregó Nava.
La performance del instrumento refleja que sobre más de 6.000 deudores, 4.400 (73 por ciento) cancelaron y 1.655 (27 por ciento) suscribieron compromisos firmes de refinanciación que se vienen cumpliendo.
Todo sobre un total de más de 25.000 deudores y más de 60.000 operaciones financieras que revistaban categorías de «3» a «6», según el Banco Central, en el momento de su pase a la provincia.
Sólo una mínima parte corresponde a categorías «1» y «2», cuyo caso responde a productores afectados por las inundaciones y la sequía que, amparados en la emergencia agropecuaria y la Ley 12.790, engrosaron en unos 104 millones de pesos la cartera original.
La política de cobranzas tiene tres objetivos centrales: recuperar los créditos, mantener las empresas en marcha y proteger las fuentes de trabajo.
Los deudores que regularizan su situación, mediante el pago o refinanciación en efectivo, títulos públicos, bienes o productos como granos, carne o leche, pueden reingresar rápidamente al sistema financiero y obtener préstamos para sus actividades productivas y de consumo.
En este sentido, el fideicomiso informó que la utilización de títulos de deuda pública para las operaciones de cancelación y refinanciación caducará en los próximos meses.




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