Someten docentes a una encrucijada riesgosa

El gobierno nacional ratificó ayer su decisión de no intervenir en el conflicto docente que jaquea a una docena de provincias y volvió a dejar en manos de los gobernadores la responsabilidad de evitar las huelgas de los maestros.
Aunque sin negar la preocupación de la Casa Rosada frente a los paros que mantienen paralizado o bajo amenaza de paro el ciclo lectivo en Buenos Aires, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Entre Ríos, Chubut, Mendoza, Río Negro, Chaco, Formosa, Jujuy y San Juan, funcionarios como el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el titular de Educación, Juan Carlos Tedesco, reclamaron «responsabilidad» a los sindicatos y a los gobiernos locales.
No es, ni más ni menos, la misma postura verticalista que el Estado central derrama sistemáticamente sobre el interior. Lo hace con la distribución de fondos y con la negativa a discutir una nueva ley de coparticipación que disminuya las asimetrías que, en rigor, permiten que el gobierno nacional exhiba un holgado superávit fiscal a costa de la asfixia a la que se somete a la mayoría de las provincias.
Tampoco parecen alcanzar el delicado saldo que dejó en las economías del interior el prolongado conflicto con el campo y la alta inflación que castiga a las ciudades del país (en algunos casos, triplica los índices nacionales) para lograr que el Estado replantee al menos algunos conceptos estancos. Si hasta el propio Daniel Scioli, un incondicional del matrimonio Kirchner, no deja de repetir que «el presupuesto no alcanza» y que a la inflación «hay que combatirla mejorando la oferta, la producción».
Sin embargo, Buenos Aires avanzó ayer -forzada quizás por la advertencia velada de Randazzo- en mejorar la oferta a los docentes. Anticipó que la oferta de 10,4% que fue rechazada se pague retroactiva a agosto y en una sola vez. Incluso se especulaba con que ese número podría elevarse a 12% y conseguir de esta manera destrabar hoy o el lunes el nuevo paro anunciado para la próxima semana.
El razonamiento de los gobernadores tiene un punto común: ceder ante cualquier reclamo de suba a los docentes o a los estatales (el otro gremio combativo), más allá de las posibilidades concretas de las finanzas locales, representaría someter a la provincia a una sangría de pronóstico reservado. Esto, por la ratificación del gobierno nacional de que no compensará (con fondos, se entiende) a las provincias que negocien nuevos aumentos salariales. «Ya se discutió y se otorgó en la paritaria nacional de principio de año una suba de 24% que debería ser suficiente», responden en el entorno de Cristina de Kirchner cada vez que se pregunta si el Estado está dispuesto a auxiliar a las provincias afectadas.
Ayer, por caso, fue el propio Randazzo el encargado de alejar nuevamente esa posibilidad. Dijo que «cada provincia deberá resolver esta situación evitando que haya huelgas y que los alumnos sean los más perjudicados».