La sesión se inició con cuatro horas de retraso -por el proceso de juicio político que sustancia el cuerpo contra una camarista- y la orden del día incluía la prórroga de tres leyes de «emergencia». Así, el oficialismo contaba con los votos para aprobar la continuidad, por otros 12 meses, de la Ley de Emergencia Económica, que cumplirá de este modo 14 años de vigencia ininterrumpida. La iniciativa mantiene la inembargabilidad de las cuentas públicas, en caso de juicios por deudas. Alperovich pretende así frenar reclamos por unos $ 3.100 millones. El opositor radical Carlos Mendía, que respalda el pedido del Ejecutivo, justificó su voto argumentando que «la provincia todavía no está en condiciones de afrontar el pago de sus deudas, ya que hay muchos juicios pendientes que pueden alterar las previsiones económicas».Por la Emergencia Económica se congelan, además, las vacantes en los cargos públicos y se prohíbe una eventual suba en el salario básico de los estatales. Este último punto desató una dura confrontación entre el gobierno y los gremios. El legislador radical José Cano, que a diferencia de su par votaba en contra del proyecto, criticó los pagos en negro y en vales alimentarios como salida alternativa al congelamiento de haberes. La segunda emergencia que debatían anoche los legisladores se vincula con el Pacto de Saneamiento de los municipios, que se posterga hasta fines de 2006, garantizando el auxilio financiero para el pago de sueldos en las comunas. En tanto, la tercera emergencia se relaciona con los servicios públicos privatizados y autoriza la renegociación de los contratos. De este modo, el gobierno tucumano quedaría habilitado a iniciar conversaciones con la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET). En este caso, la provincia seguirá atada a la ley nacional de discusión de tarifas. Los legisladores analizaban anoche, además, el pedido de autorización del Ejecutivo para disponer del remanente -unos $ 32 millones- de los bonos de Conversión y Saneamiento de Empréstitos Públicos (Consadep), a fin de cancelar diversas obligaciones del Estado.
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