También en interior estalló ya rebelión de municipales

Mientras en la Capital Federal Mauricio Macri y los gremios locales ya se debaten en una lucha «a muerte», en otras grandes ciudades los municipales también se encuentran en pie de guerra, y los primeros días del año marcan el pulso de los conflictos sociolaborales del país.
Los territorios en pugna son distritos como Rosario, Córdoba, San Luis y diferentes comunas bonaerenses. En comparación con el caso porteño, los argumentos son más clásicos: no hay firmes imposiciones o límites como los que activa Macri (con cesantías y embestidas contra la obra social minicipal); las protestas apuntan, en general, a intentar obtener subas salariales.
En rigor, desde los municipios están ofreciendo un adelanto de la pelea por subas salariales que marcará 2008 (así como lo hizo en ciclos anteriores) también en el orden provincial, nacional y del sector privado. Los movimientos son avalados desde arriba por el titular de la CGT, Hugo Moyano, que se esfuerza por marcar el terreno a Cristina de Kirchner desde el primer día en que «esta señora» -como la llama el camionero- asumió la presidencia.
En el plano de los reclamos, el rosarino parece uno de los más serios. Allí, los municipales ya realizaron protestas en el cierre de 2007 y ahora anunciaron paro del 9 al 11 de este mes. Lo hicieron saber luego de rechazar la propuesta de aumento (de 10% y, además, llevar el salario mínimo de bolsillo a $ 1.200) ofrecida por el reelecto intendente Miguel Lifschitz, socialista que pugna por resolver el problema para ordenar su nueva gestión y, además, trata de evitar un excesivo aumento de las pulsaciones en el comienzo de la gobernación de Hermes Binner, primer mandatario socialista de la historia argentina.

 Marcha

En San Luis también existe tensión y la puja se asemeja más a la situación de la Ciudad de Buenos Aires. Ayer se realizó una marcha frente a la intendencia de la capital, en la cual los empleados reclamaron por 90 despedidos y, además, por 630 trabajadores que pasaron de un plan social a ser contratados en diciembre de 2007, pero la nueva administración decidió que volvieran a los planes.
Alicia Lemme, intendenta de San Luis que comulga con el gobernador Alberto Rodríguez Saá, un peronista crítico del kirchnerismo, salió a dar explicaciones en medio del conflicto y manifestó que «los 90 despedidos eran personal político y los 630 empleados volvieron a los planes de Ayuda Económica porque el presupuesto municipal no está en condiciones de abonarles como contratados».
Los manifestantes aseguraron que endurecerán su posición e informaron que si continuaran como contratados, cada uno percibiría $ 680 por mes; en cambio, con la Ayuda Económica reciben $ 550. Lemme asumió a fines del año pasado, sucediendo a Alfonso Vergés, opositor a Rodríguez Saá.
En Córdoba, entretanto, el Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) se encuentra en pugna con el Ejecutivo capitalino conducido por el juecista Daniel Giacomino, contra el cual ya presentó una denuncia penal.
Se encuentra en plena negociación la suba salarial que se aplicará -correspondiente a fines de enero y otra para inicio de este año-, mientras los empleados de la Dirección de Recursos Tributarios agudizan su malestar, realizan asambleas sorpresivas y protagonizan incidentes. El martes, por caso, desalojaron por la fuerza a funcionarios municipales jerárquicos de dicha dependencia que habían decidido atender al público.
De todos modos, el secretario de Gobierno, Walter Nostrala, adelantó que se mantendría la misma modalidad y que, en caso de ser necesario, presentará denuncias contra los trabajadores que interfieran en el normal funcionamiento de la oficina en conflicto. De todos modos, ayer se realizó una nueva asamblea y SUOEM decidió volver a atender normalmente a partir de hoy, según señaló Ariel Quiñone.
Finalmente, la situación bonaerense se encuentra aún en el terreno de lo potencial, aunque preocupa seriamente por el alto número de trabajadores municipales que hay en la provincia. A la espera de la aprobación de un paquete de leyes (piden derogar la Ley 11.757, estatuto para el personal de Municipalidad de Buenos Aires y, luego, establecer un nuevo régimen de negociación colectiva) se encuentra agazapada la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense, con firme amenaza de medidas de fuerza.