22 de abril 2008 - 00:00
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Según fuentes policiales, los robos fueron concretados sobre varios locales del microcentro correntino, entre ellos una tienda de ropa -donde se llevaron decenas de prendas de vestir-, una farmacia, un comercio de venta de celulares y la sede de una AFJP.
Por la mañana, los efectivos rebeldes protagonizaron una marcha hacia la Casa de Gobierno. Horas después, el Jefe de la Policía correntina, Rodolfo Fernández, suspendió al director de la Escuela de Policía, Neris Hernández. Según Fernández, en base al testimonio de «un grupo de madres», el funcionario desplazado «ejerció presión sobre los cadetes que participaron de la marcha» para «inducir a los futuros policías a participar de la concentración».
El oficialismo correntino que lidera el gobernador radical K Arturo Colombi cree que sectores de la oposición provincial fogonean el riesgoso autoacuartelamiento policial por reclamos salariales.
Las sospechas que dejan trascender apuntan al primo del mandatario y su antecesor en el cargo, Ricardo Colombi, quien aspira a volver a empuñar el bastón de mando, de la mano de las elecciones provinciales del próximo año (Corrientes tiene calendario desfasado, producto de la intervención federal de Ramón Mestre).
Ayer, tras la marcha, los efectivos entregaron petitorios en la Legislatura y en la gobernación en los que exigieron la «urgente aprobación» de la suba que eleve el sueldo mínimo a $ 1.500 (rechazan la propuesta de incremento de 20% de Colombi) y reclamaron cambios en la cúpula policial y que no se apliquen sanciones a los rebeldes.
La movilización contó con la presencia de representantes de sindicatos policiales de Santa Fe y de Córdoba, especialmente llegados para aportar su experiencia en la materia.
Tal como lo consignó este diario, el gobernador denunció el domingo que «hay indicios de que los intereses que se manejan en la protesta de un sector de la Policía son políticos».
Sin embargo, Vignolo -quien se definió como «un claro opositor a este gobierno» porque, dijo, no lo «representa»- rechazó las acusaciones, negó toda participación en el conflicto y atribuyó las versiones a un «operativo de prensa».
En paralelo, el intendente de Goya, el ricardista Ignacio Osella, dio un guiño para la instalación de una carpa policial en la plaza central de esa ciudad. Ello se suma a la reciente participación del mismo Ricardo Colombi en una movilización de familiares de policías.
Producto de la medida de fuerza, las calles son patrulladas por efectivos de Gendarmería, de Prefectura y de la Policía Federal.
Prueba del delicado escenario la dieron en las últimas horas los bancos Bersa y Galicia, que -según el portal Corrientes Noticias- finalmente lograron el aval del Banco Central para poder apelar a una custodia de efectivos federales para reabrir sus puertas -cerradas por falta de seguridad- en Goya, la segunda ciudad de la provincia.




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