Tras rechazos, Morales deroga decreto que "criminaliza" protestas

Fijaba multas a "quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden y obstaculizando la libre circulación". Reforma sí avanza contra piquetes.

Gerardo Morales.

En reacción tras el rechazo generado en distintos sectores, el gobernador jujeño Gerardo Morales anunció ayer la decisión de derogar un reciente decreto provincial al que cuestionaban por “criminalizar” la protesta social.

“Me comprometo a derogar ese decreto; ahora le pido a los docentes que vuelvan a trabajar porque no vamos a negociar con gremios que estén en medio del conflicto”, aseguró el mandatario radical, en una conferencia que brindó junto al ministro de Hacienda, Carlos Sadir, quien lo sucederá desde diciembre tras imponerse en los comicios del 7 de mayo. El decreto en cuestión, el 8464/2023, estipulaba que “serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM) quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.

“En estos casos, la fuerza policial deberá intimar a los supuestos infractores para que desocupen el lugar en forma inmediata y permitan el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”, añadía.

Esa avanzada desató sin embargo un fuerte rechazo de sectores gremiales, partidos de izquierda y del kirchnerismo y de organizaciones sociales, que derivó en protestas en la provincia, en la Ciudad de Buenos Aires e incluso ante organismos internacionales.

En ese lote se incluyó el Ministerio de Trabajo nacional de Raquel “Kelly” Olmos, que mostró ayer su “preocupación” por “el dictado de recientes normas, en jurisdicciones provinciales, que violentan tanto el derecho de huelga como el de libre expresión de trabajadores y trabajadoras”. Un pronunciamiento con alcance también sobre la flamante “Ley de Convivencia Social” aprobada este mes en Salta, a instancias del oficialismo que lidera Gustavo Sáenz.

En medio de las tensiones intestinas de JxC de cara a las PASO nacionales del 13-A, el titular de la UCR nacional y precandidato presidencial de esa coalición enfrenta en Jujuy una dura protesta en Jujuy del sector docente, que ayer cumplieron el noveno día de medidas de fuerza, y de los estatales.

En ese marco, ayer Morales reconoció que los reclamos salariales son legítimos pero advirtió que descontará todos los días no trabajados y el presentismo si continúan hoy las medidas de fuerza. También confirmó que abonará con el último aumento propuesto.

Pero además Jujuy transita la discusión de los convenciones constituyentes para plasmar una reforma parcial de la Carta Magna (hoy arrancará en el recinto la discusión en general).

Al respecto, Morales aclaró ayer que, en el marco de esa reforma, “no se toca” el artículo 32 de la Constitución, que establece que “queda asegurado a todos los habitantes de la Provincia y sin permiso previo el derecho de reunión y de manifestación cuando fueren pacíficas y sin armas”. Sin embargo, sí avanzarán en el freno a los piquetes. “Vamos a prohibir los cortes de ruta y calles y la toma de edificios públicos, que es un delito; lo anuncié el año pasado, de modo tal que la reforma de Constitución se va a empezar a votar mañana (por hoy)”, dijo.