Tres provincias, más cerca de una compensación millonaria

El plan, según reconocieron funcionarios federales esta semana, estaría a un paso de concretarse e incluye el ofrecimiento de los distritos para, a cambio de desistir de la vía judicial, canjear dicho reclamo por obras públicas o por quitas de deudas locales. Por caso, el gobernador mendocino Julio Cobos pretende cobrar a Nación alrededor de
$ 600 millones, a través de una megaobra que incluye el trasvase del río Grande al Atuel, que permite la posterior construcción de centrales hidroeléctricas.
El martes, durante su paso por Mendoza, el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, reconocieron que el acuerdo para saldar la deuda con las provincias está próximo. «El trasvase del Atuel es un compromiso del Presidente y lo va a cumplir», afirmó De Vido a los mendocinos que estaban un tanto desilusionados por la cancelación de la visita de Néstor Kirchner. Justamente, ayer Cobos estuvo en Buenos Aires con Kirchner y, como suele hacer cada vez que lo tiene cerca, le recordó el compromiso de firmar el acuerdo por las obras.
Las otras dos provincias que comparten el reclamo de Mendoza, aunque con montos muy inferiores en sus reclamos y que aún no fueron precisados, son Misiones y La Pampa. Ambas también están de acuerdo en no profundizar la instancia judicial, para cobrar en cambio en «especie» los montos exigidos.
En el caso misionero, el gobernador Carlos Rovira ya había aprovechado la cumbre de presidentes del Mercosur en Puerto Iguazú de la semana pasada para recordarle a Kirchner que pretenden cobrar su reclamo a través de una quita de la deuda pública provincial, que asciende a $ 2.500 millones y está principalmente en manos de Nación.
 Antecedentes
Los pedidos de resarcimiento por la aplicación del régimen de promoción industrial ya enfrentó judicialmente a Mendoza con las beneficiadas La Rioja, San Luis, San Juan y Catamarca. El tema quedó zanjado finalmente, pero ahora resta que Nación se haga cargo de la situación de Mendoza, Misiones y La Pampa.
Cabe recordar que hace ya más de un año, el procurador de la Corte, Nicolás Becerra, dictaminó la inconstitucionalidad de los decretos 804/96, 1.125/96 y 69/97 firmados por el entonces presidente Carlos Menem, que extendieron los beneficios de la promoción en las cuatro provincias mencionadas a pesar de que habían caducado por ley.
De acuerdo con el procurador, esos decretos generaron una disminución de la masa coparticipable para distribuir entre el resto de las provincias.