“Un grave avasallamiento de la autonomía de las provincias”

Cuando un intendente electo pretende que la Nación le gire en forma directa el presupuesto que a su criterio le corresponde, obviando la organización federal en la que se funda la división política del país, sin respetar el artículo 5º de la Constitución nacional que expresamente dice: «Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo, republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución nacional y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y su educación primaria», el sistema federal en sí mismo se transforma en letra muerta, y el accionar del legislador y de todos sus pares que apoyen la iniciativa se transforma en un grave avasallamiento a las autonomías provinciales y, en esencia, a la propia Constitución.  Críticas
Pretender que el Congreso nacional independice por una simple ley a un municipio y le brinde la misma jerarquía institucional que a una provincia por el simple hecho de que el intendente quiere sus propios recursos, renegando de la estructura constitucional del lugar al que pertenece, por la fuerza que le dan su ascendencia e influencia sobre algunos diputados nacionales, es, sin dudas, una situación absurda que debe ser por lo menos tenida en cuenta como antecedente de futuras medidas arbitrarias.
La realidad es que en estos días se puede estar gestando un peligroso avasallamiento a las instituciones y, en especial, al federalismo que tanta sangre nos costó alcanzar. Ocurre que a instancias de un intendente electo y actual diputado nacional, tentando el espíritu de cuerpo de todo órgano colegiado, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, de toda la Nación y no sólo de los habitantes de un municipio en particular, pretende incluir en la próxima Ley Nacional de Presupuesto la intervención del Poder Central en el régimen administrativo y financiero de La Rioja.
Se intenta que sean los municipios los que pacten con la Nación directamente el envío de recursos para cada uno de ellos, ignorando así que existen acuerdos con los municipios -como los hay en otras 11 provincias argentinas-, lo que deberían eventualmente ser renegociados, pero siempre en el marco de la institucionalidad, es decir, dentro de los mecanismos que fijan tanto la Constitución nacional como la de la provincia, esto es: en La Rioja.
Lo más curioso de tamaño avasallamiento es que, pese a que existen otras 11 provincias en similar situación, el artículo propuesto por la comisión sólo hace referencia a La Rioja. Es de esperar que esto no se deba a una tremenda e inaudita discriminación política. Me pregunto, si no es así, ¿qué hicimos de malo los riojanos para merecer tamaña discriminación?
 Salarios
Si bien el gobierno nacional conoce el costo de la planilla salarial y los ingresos de la provincia al dedillo, porque, debe quedar claro, La Rioja cumple acabadamente con los acuerdos suscriptos y es auditada en forma permanente por la Subsecretaría de Relaciones Fiscales con las Provincias del Ministerio de Economía de la Nación, me permito señalar al lector que los $ 180 millones en discusión sumados a los entre $ 220 y 280 millones anuales de coparticipación federal ajustadamente alcanzan para pagar los $ 440 millones anuales de costo salarial total (incluidos todos los municipios). Además, están los fondos nacionales de afectación específica, como viales, FONAVI, etc., y los $ 30 millones anuales de recaudación propia, que son coparticipados entre los municipios y se utilizan -además de para hacer obras- para costear el funcionamiento normal del Estado y pagar los servicios de la deuda pública.
Como se puede apreciar, no se trata de la discusión por fondos destinados a grandes obras faraónicas, sino de los exiguos recursos que le permiten a toda una provincia sobrevivir a esta ya larga crisis. Pido especialmente la intervención del presidente Kirchner para que, como ex gobernador de una provincia «chica», evite que se consolide un avasallamiento a las autonomías provinciales que, de propagarse, será muy nocivo para la salud de las instituciones de una República Federal como la nuestra.