Violencia de campaña ya alcanza también a Alberto Rodríguez Saá

San Luis - La violencia de campaña que se registra en varios puntos del país contra algunos candidatos presidenciales -como Jorge Sobisch y Roberto Lavagna- también crece en la provincia del gobernador y postulante a la Casa Rosada, Alberto Rodríguez Saá.
Un grupo de 17 ex policías con sus familias se instalaron en la Casa de Gobierno desde el lunes en reclamo por su reincorporación, luego de que el Ejecutivo los separara de la fuerza el año pasado. Recién ahora resurge el conflicto, a más de un año del despido.
Los activistas pasaron la noche del lunes en el pasillo del Ministerio de Seguridad, tras haber mantenido una reunión con el titular de esa cartera, Angel Ruiz, en la que no alcanzaron un acuerdo. En el marco de esta presión de corte innegablemente electoral, el gobierno pidió a los manifestantes que abandonen el edificio para poder atender los casos «uno por uno». No con esta actitud patotera, como se presentaron», señalaron fuentes oficiales. Asimismo, se indicó que la actividad fue «absolutamente normal» ayer en la Casa de Gobierno, a pesar de la presencia de los ex policías.
«Es entendible su situación por la falta de trabajo, pero se están aprovechando de un escenario electoral nacional en el que se presenta como candidato el gobernador, para mostrar a la provincia como portadora de conflictos», aseguraron allegados al mandatario.
Oficialmente no se tomó hasta ayer ninguna determinación, más que pedirles a los manifestantes que se retiren de la sede gubernamental para tratar los casos particularmente. Forzar un desalojo podría costarle caro a un Rodríguez Saá en plena campaña electoral.
En este marco, el ministro de Seguridad local, recordó que el 11 de setiembre pasado los policías apartados de la fuerza firmaron un acta con el gobierno en el que ambas partes se comprometían a aguardar lo que decida la Justicia en torno de su situación. En ese documento, los ex uniformados prometieron no realizar medidas de fuerza, por lo que Ruiz advirtió que con la ocupación de la Casa de Gobierno están «violando ese acuerdo».
Los efectivos fueron excluidos de las filas de seguridad puntanas tras protagonizar un autoacuartelamiento en 2006 en reclamo de mejoras salariales. En esa oportunidad, el gobierno puso el ojo en el conflicto y firmó un decreto de «prescindibilidad» de los policías que hubieran cometido «delitos» -se dijo-, aunque esa medida se revisó en algunos casos. Los efectivos habían sido apartados de la fuerza a través de la Ley de Emergencia de Seguridad de la provincia, que fue interpretada como una reacción del gobierno puntano contra la protesta.

 Adhesión
Aquella medida de fuerza contó con alta adhesión entre los uniformados puntanos. Las autoridades provinciales admitieron entonces un compromiso para no aplicar «ningún tipo de sanción» para los efectivos que participaron del conflicto.
Por su parte, el abogado Alejandro Miranda -que representa a los manifestantes- aseguró que los ex policías no pueden salir del edificio gubernamental y volver a ingresar. Según Miranda, las autoridades «no les dejan acercar alimentos, están sin comer desde ayer (por el lunes)».
«Los están obligando a hacer huelga de hambre y han apostado al desgaste», consideró Miranda, y sostuvo que «recién a las 14 de hoy (por ayer) los dejaron ir al baño y tomar agua de allí».