Patentes cada vez más caras: por qué hoy se pagan como un impuesto al patrimonio y no por circular

En un contexto de presión tributaria y reclamos por boletas cada vez más altas, un abogado argentino impulsa una reforma para que esta cédula vuelva a ser una tasa de circulación y deje de funcionar como un impuesto al patrimonio.

Reformar el modo de pago de las patentes, uno de los temas de debate en la Argentina.

Foto: A24

En la Argentina de febrero de 2026, con precios de los vehículos aún en proceso de ajuste y un fuerte debate sobre la carga impositiva, el régimen de patentes en los autos volvió al centro de la escena. Lejos de una discusión comunicacional, la crítica es de fondo: jurídica, fiscal y conceptual. Hoy, sostienen los especialistas, la patente dejó de reflejar el uso de calles y rutas y pasó a gravar el valor del vehículo como si fuera un impuesto al patrimonio.

El problema central es la base de cálculo. Dos personas que recorren distancias similares y generan el mismo desgaste sobre la infraestructura vial pueden pagar montos muy distintos solo porque uno conduce un vehículo de mayor valor de mercado. Esa lógica, ajena al concepto de tasa, explica por qué miles de contribuyentes enfrentan cifras consideradas desproporcionadas.

Ante este escenario, el abogado Jorge Monastersky elaboró un proyecto de ley que propone recuperar el sentido original del tributo: que se pague por circular, no por el precio del bien.

Patentes: de impuesto encubierto a tasa razonable

El eje de la iniciativa es simple y directo. Para los vehículos de menor porte, la tasa anual tendría un tope equivalente a 100 litros de nafta súper, lo que a valores actuales ronda los $130.000 anuales. En muchos casos, esto implicaría una reducción significativa frente a lo que hoy se paga en distintas jurisdicciones.

El criterio no es novedoso. En sistemas considerados más razonables, como el del estado de Florida, en Estados Unidos, la tasa anual de circulación oscila entre u$s90 y u$s100, sin importar si el vehículo vale u$s10.000 o u$s500.000. Allí se grava el uso de la infraestructura, no el patrimonio del propietario.

El proyecto establece además un esquema proporcional: los vehículos más pesados o con mayor cantidad de ejes —camiones, utilitarios y transporte de carga— pagarían más, en función del mayor desgaste que generan sobre calles y rutas. La ecuación es clara: más impacto, mayor contribución, pero nunca en función del valor de mercado.

El eje de la iniciativa es simple y directo. Para los vehículos de menor porte, la tasa anual tendría un tope equivalente a 100 litros de nafta súper, lo que a valores actuales ronda los $130.000 anuales.

Desde el punto de vista jurídico, el texto remarca que la patente es una tasa retributiva de servicios, vinculada al mantenimiento vial, señalización y control del tránsito. Cuando se calcula solo por valuación fiscal, ese vínculo se rompe y aparece la doble imposición, especialmente en relación con tributos como Bienes Personales. El proyecto prohíbe expresamente esa superposición.

La iniciativa también fija un rol clave para el Congreso Nacional, que debería sancionar los principios generales. Luego, en respeto al esquema federal, se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir y adecuar sus normativas locales en un plazo de seis meses.

Más allá de la discusión recaudatoria, el planteo apunta a una cuestión de fondo: un sistema fiscal equitativo no castiga por tener un bien de mayor valor, sino que cobra en función del servicio que el Estado presta. En tiempos de revisión del esquema impositivo y reclamos por previsibilidad, la propuesta abre un debate que promete escalar en la agenda legislativa.