«Las tarifas de peajes vigentes en las distintas rutas del país generanpérdidas a los sectores productivos ya que superan ampliamente el valoreconómico del servicio ofrecido y deberían reducirse en promedio 70 porciento», según indicó el Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA).
«Desde el punto de vista técnico, el peaje es aplicable y económicocuando la densidad de tránsito es de 15.000 a 20.000 vehículos diarios pero ennuestras rutas nacionales y provinciales el promedio es de no más de unos 2.500a 3.000 vehículos por día», explicó el estudio.
Legalidad
La entidad, junto a otras asociaciones de profesionales y productores, cuestionóante la Justicia la «legalidad de los peajes» porque las tarifas «superanel valor económico del servicio ofrecido» pues en vez de permitir al usuario«un ahorro real» como contraprestación del beneficio recibido, significan unaerogación adicional.
Como ejemplo de la afirmación mencionan «que por disposición 949/91 dela provincia de Buenos Aires se autoriza a trasladar el peaje al transportepúblico de pasajeros, reconociendo las mismas autoridades que el peaje es uncosto y no el pago de una contraprestación real ofrecida». La entidad destacóque «el peaje instalado en la Argentina se traduce en un perjuicio económico deproporciones para el sector agropecuario-forestal y para toda la sociedad en suconjunto, que es imprescindible solucionar».
El CADIA señaló, también, que «no existe ente regulador» para los peajesen la Argentina y que los órganos de vialidad nacional y de la provincia deBuenos Aires, así como los encargados de controlar los accesos a la CapitalFederal, no contemplan «la participación de los usuarios».
Por el contrario, el informe indicó que «el tema tarifas es manejadodirectamente por parte del Ministerio de Economía de la Nación y de lasprovincias y municipios», lo cual representa un «déficit institucional»parcialmente corregido con la intervención de las comisiones legislativas, quecontrolan las concesiones de obras públicas.
De todos modos, señaló que los mecanismos adoptados no logran bajar el«costo de los transportes mediante la mejora permanente de la infraestructuracorrespondiente, objetivo irrenunciable de todos los países» en atención a laincidencia que alcanza en las economías regionales.
Por tal motivo, «lo que sucede en la Argentina es que las entidades deusuarios del agro, industria, comercio, transportistas de cargas y pasajeros,profesionales y vecinos apoyados por expertos, sostienen con razón que lastarifas aprobadas» por los gobiernos son «ilegales» por ser superiores a losbeneficios que brindan», concluyó el informe del CADIA.
