¿Quién se queda con la renta agrícola?

La política económica del gobierno hacia el sector agropecuario está transformando el mapa productivo del país. Por su afán recaudativo -y con la excusa de los buenos precios internacionales-hace una extracción confiscatoria al sector, que sumada a los aumentos de los costos le quita competitividad al productor agropecuario en un negocio de altos riesgos.

Este trabajo tiene como objetivo demostrar cómo se repartió la renta agrícola en los últimos años, como incide el mayor precio internacional y quienes son los beneficiarios por esta suba en la Argentina.

Calculamos el ingreso bruto FOB sobre la base de los valores de la soja FOB en puerto -promedio del mes de marzo de cada año analizado-multiplicado por un rendimiento de 30 quintales por hectárea. A éste le descontamos las retenciones -con sus respectivas modificaciones en los distintos ciclos-obteniendo el ingreso bruto. Para calcular la renta del productor (Cuadro 1), le restamos al ingreso bruto los costos directos (laboreos + herbicidas + insecticidas + fertilizantes + semilla), los costos indirectos ( cosecha + fletes + comercialización + acondicionamiento) y el costo impositivo.

En este último se tuvieron en cuenta los impuestos nacionales (Ganancias, al cheque, bienes personales) descartando los impuestos internos (que se pueden compensar), ganancia presunta por pagar el Impuesto a las Ganancias y diferencial del IVA. Los impuestos provinciales calculados son el de Ingresos Brutos (algunas provincias no lo tienen) y el impuesto Inmobiliario -cuyo valor es el promedio de las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe-las tasas municipales no se tuvieron en cuenta.

Con estos datos elaboramos el Cuadro 2, donde se puede observar en los distintos años la participación porcentual del Estado, de los costos y de la renta del productor. Este análisis se hace en campo propio y no se tiene en cuenta el costo oportunidad de la tierra.

Luego del análisis, se puede ver claramente cómo el Estado aumenta su participación en el negocio de la soja, siendo la del productor cada vez menor.

Transformación

En estos cinco años el productor pasó de 27% a 17% del negocio de la soja, lo que transforma a la producción agrícola en una alternativa financiera.

Esta disminución de la relación costos/beneficios a lo largo de los años convierte a la producción agropecuaria en altamente riesgosa. Ante cualquier adversidad -sequía, roya, lluvias en cosecha, etc-que disminuya los rindes por hectáreas -el cálculo está hecho con un rinde promedio-la renta se convierte en negativa.

Por la mayor presión fiscal y el aumento de los costos, al productor no le llega la suba de los precios internacionales.

En la actualidad con un rinde de 30 quintales por hectárea el Estado se queda con 16 quintales, 9 son para pagar costos y tan sólo 5 quintales quedan para el productor. Con la desventaja que de esos 16 quintales que se lleva el gobierno no vuelve prácticamente nada al interior -caminos intransitables, rutas destrozadas, no hay gas natural, no hay agua corriente, no hay cloacas, etc-por lo que torna más difícil «producir viviendo en el interior».

Del negocio de la soja 53% se lo queda el Estado, 30% se lo llevan los costos -los agroinsumos -y sólo 17% queda para el productor, quien pone su capital suelo y corre con 100% de los riesgos.

Comparando 2004 con 2008 la recaudación del Estado es 98% mayor -$ 1.152 por hectárea en 2004 contra $ 2.256 por hectárea en 2008-, los costos aumentaron 85% -$ 686 por hectárea en 2004 contra $ 1.270 por hectárea en 2008- y los ingresos del productor son prácticamente iguales-6% de aumento-. ¿Quién se queda con la renta?

Con esta política económica el Estado no sólo se queda con la renta del pequeño y mediano productor, sino que al dejarlo sin competitividad -sobre todo en una inversión de alto riesgo como es la agrícola-queda desprotegido ante grupos económicos que entran al negocio con expectativas financieras, quedándose con su medio productivo.