Los productores de Córdoba temen consecuencias negativas en la normativa analizada por la SAGPyA sobre el uso propio en semillas.
La Sociedad Rural de Río Cuarto anticipó su rechazo a un proyecto de normativa que está siendo elaborado por la Secretaría de Agricultura de la Nación, en el que se limita el derecho de multiplicación de semillas para uso propio actualmente contemplado en la Ley de Semillas.
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La entidad consideró que el proyecto de la SAGPyA tendrá consecuencias negativas para los productores, por cuanto obligaría al uso de semilla fiscalizada para el aumento de superficie a sembrar, limitando el uso propio a igual cantidad de hectáreas a las que el productor haya sembrado con las bolsas de semilla original adquirida.
Se defendió, en tal sentido, la propuesta realizada oportunamente por CRA, en la que el productor que quiera sembrar una superficie mayor debería pagar por única vez regalías por la superficie que exceda a la que podría sembrar con las semillas originales.
Esta propuesta de pago de regalías es, lógicamente, inferior al costo de la semilla original, por lo que se anticipó que la postura oficial deberá ser rechazada, ya que está dirigida a favorecer a los semilleros y obtentores de semilla en detrimento del tradicional derecho de propiedad reconocido al productor por el artículo 27 de la Ley de Semillas. Es, a juicio de la Rural, «otro ataque al agro a favor de la industria».
Análisis
Mencionó al respecto que el tema fue tratado recientemente por la Comisión de Granos de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en la que participó el dirigente local Gustavo Grella, en representación de CARTEZ, y donde se comentaron también los resultados de las reuniones mantenidas con la Asociación de Semilleros de la Argentina (ASA), con la participación de representantes de AACREA y de Aapresid.
En la oportunidad, los delegados de CARTEZ y de CARSFE (Santa Fe) coincidieron en la aceptación de la propuesta de ASA acerca de establecer un mecanismo de control de la utilización de semillas multiplicadas para uso propio sin haber avanzado en detalles de instrumentación, sólo en la filosofía. Esto estaría a cargo de una Comisión de Seguimiento y Control independiente del INASE y con participación plena de los productores. Se discutió también en términos genéricos acerca de la posibilidad de establecer un límite de 6 años para el derechoal uso propio. De igual forma se trató el tema de los embargos de barcos sojeros en Europa por parte de la empresa Monsanto. La medida, que está también en ámbitos judiciales en dicho continente, continúa siendo una fuerte amenaza para los precios de los productos argentinos.
Los miembros de la Comisión de Granos consideraron que si bien el acuerdo con ASA no significa la inmediata solución del conflicto con Monsanto, se atenuaría la presión que existe sobre el tema y se generaría un probable escenario de diálogo hacia el futuro.
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