Durante largo tiempo se temió por un freno en los avances genéticos de la soja por el impedimento de Monsanto de cobrar las regalías sobre la variedad RR. Ahora se sabe que la solución llegará y reinsertará a la Argentina en el mapa mundial en transgénicos.
«Vamos a buscar la forma más lógica y razonable para todos hasta encontrar una solución por el pago de las regalías.» Alfonso Alba, presidente de Monsanto Argentina cerró con esta frase su explicación sobre las trabas que encontró la empresa para cobrar la patente por la semilla de soja resistente a glifosato que no está registrada en la Argentina y por la que vienen luchando desde hace varios años.
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La razonabilidad la deben encontrar, en tanto, los productores y los empresarios semilleros pero fundamentalmente el Estado, que debe articular un mecanismo de control, de bajo costo y que evite la burocracia (todo lo contrario de lo que se proponía desde la Secretaría de Agricultura a principios de este año cuando naufragó un acuerdo que estaba prácticamente cerrado entre entidades del campo y Monsanto).
Lo concreto hasta hoy es que cualquier tipo de acuerdo fracasó mientras iban concretándose los pactos en los países vecinos como Paraguay y Brasil. Monsanto, que hoy aceptaría una regalía de hasta u$s 1 por tonelada, no puede dejar el precedente de liberar a un país por el pago de la patente de un producto puntual (aunque le sea más barato que articular todo un engranaje jurídico) y debe llegar a un acuerdo prolijo y que satisfaga a los productores, sus clientes.
• Inversión
Los empresarios rurales, salvo excepciones (por caso, los adheridos a Federación Agraria Argentina), están de acuerdo en reconocer la inversión en tecnología realizada por los semilleros.
Los exportadores, en tanto, se ven involucrados en un problema ajeno que los afecta y les podría complicar más su negocio. Cabe recordar que Monsanto inició un esquema de resolución de controversia en algunos países de Europa donde se extrajeron muestras de algunos embarques para demostrar que la soja comercializada era la transgénica de la compañía y que esa variedad no había pagado patente. Este es un mecanismo prolongado que podría determinar con costos jurídicos y siempre que así lo determine el tribunal internacional a favor de la empresa, un valor de regalía por tonelada cercano a u$s 15. Pero hasta llegar a esa instancia, lo ideal para las partes privadas sería encontrar una forma de pago que deje conforme a la empresa en cuestión y a los productores agrícolas. La solución podría estar cerca aunque nadie (entidades, exportadores) quiere firmar un acuerdo hasta que el resto de la cadena no se comprometa a cumplirlo. En Brasil, por caso, comenzaron a firmar los productores grandes y se fueron adhiriendo en etapas hasta completar 75%/80% del total de agricultores. Recién allí pudo concretarse un acuerdo y fijarse un valor por la patente.
Así planteadas las cosas, pocos creen que la solución llegue antes del 23 de octubre. El mismo ministro de Economía, Roberto Lavagna, le habría manifestado a sus referentes de la Secretaría de Agricultura, que se abstengan de presionar el tema durante el próximo mes. Por ello sorprendió que el secretario Miguel Campos haya comunicado su intención de ir a Bruselas para presentar a la Argentina como parte querellante en un juicio contra Monsanto.
No todas las justicias permiten dicha participación de un Estado en un enfrentamiento ente privados y por negocios, precisamente ajenos a un gobierno.
Más sorprendió que Campos haya pedido aporte económico a los exportadores para cubrir los gastos que genere esa incursión jurídica internacional, tal lo admitieron los mismos exportadores que habían concurrido a Agricultura por otro motivo y volvieron a quedar involucrados en esta cuestión.
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