Sin apoyo, el agro no puede competir

La reciente aprobación de la nueva Ley Agrícola estadounidense parece haber sorprendido a varios. Mucho es lo que se ha escrito al respecto, en particular sobre los perjuicios que esta legislación traería sobre los niveles de rentabilidad de los productores argentinos. Pero es importante hacer algunas precisiones que permitirán evaluar con mayor objetividad la realidad de esta «nueva» situación para el mercado argentino.

EE.UU. posee legislación agrícola desde fines de la Segunda Guerra Mundial, si bien los primeros antecedentes se remontan a la década del '30. Resultado de esa política agrícola es su amplia preeminencia en el mercado mundial de estos productos. La base de la misma ha sido el otorgamiento de ventajosas facilidades para producir a sus agricultores y además una batería de instrumentos que fomentaron la colocación de su producción excedente en el mercado mundial.

Las modificaciones que en dicha política agrícola efectuara en 1996 fueron consecuencia de ajustes presupuestarios y no de un cambio de rumbo de la misma. Por lo tanto, superada la crisis era posible que se retomara el camino original. Sobre todo cuando a pesar de esta política de sólido apoyo (con altos niveles de subsidios) a su producción y exportación, en los últimos 25 años desaparecieron alrededor de 2 millones de pequeños y medianos productores, otros han tenido que buscar actividades alternativas y sólo 10% «vive del campo».

Pero, además, sus principales competidores en el mercado mundial, Australia y Canadá y ni qué hablar de la Unión Europea poseen también políticas agrícolas que les permiten aumentos productivos y acrecentar su presencia en el mercado mundial. En todos los casos, el principal objetivo es el apoyo a la producción, ya sea a través de subsidios directos o de ventajosos planes de financiamiento de la producción, o favoreciendo la incorporación de tecnología, o facilitando condiciones de transporte y/o almacenamiento, etcétera.

• Apoyo

Aún Brasil posee políticas de apoyo a la producción. Es que el mundo asumió que, más allá de las declamaciones de carácter político, es imposible desarrollar la actividad agrícola sin la existencia de tales herramientas.

Mientras tanto, la Argentina mantiene un sector agroindustrial con una «política» basada en la imposición de retenciones a la exportación, que le restan al ingreso de los productores alrededor de 2.000 millones de dólares. Le impone, a una actividad básicamente exportadora, un IVA de 21% y como el Estado no reintegra en tiempo y forma determina que los productores reciban sólo 90% del precio de su producto, mientras el otro 10% se licua al ritmo de una inflación incontrolable, lo cual implica un recorte de ingresos del orden de los u$s 500 millones. No le ofrece ninguna salida a la crisis de financiamiento que afronta el sector y no practica un adecuado control normativo que impida las ventajas que un mercado naturalmente oligopólico facilita a los sectores demandantes. El aporte tecnológico estatal se limita al esfuerzo, sin dudas muy valorado, que un grupo de profesionales del INTA logra hacer, a pesar de los intentos que durante los últimos años muchos funcionarios han hecho para desmantelar el organismo. Además se provocó y permitió la casi desaparición de mercado de futuros, herramienta vital en el desarrollo de esta actividad. Por eso, debemos evaluar si no estamos equivocando el enfoque del «enemigo».

Si no llegó el momento en que los productores argentinos difícilmente puedan seguir «cargando» con el peso de esta situación.

(*) Consultor privado. Ex gerente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.