Los graves perjuicios producidos a los cultivos de trigo por efecto del exceso de lluvia durante setiembre, octubre y noviembre en todo el territorio de Entre Ríos y el consecuente ataque de fosarium, llevaron a las autoridades provinciales a declarar el estado de Emergencia Agropecuaria. «Como consecuencia de las irregularidades climáticas y sanitarias, los productores sufrieron en algunos casos pérdidas totales y en otros marcada reducción de sus rindes finales», indica el decreto firmado por el gobernador de la provincia, Sergio Montiel.
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La superación de la media de precipitaciones y el prolongado período de humedad atmosférica acompañado por temperaturas elevadas, fueron las condiciones propicias para el ataque de fosarium en los cultivos de trigo. Las autoridades entrerrianas informaron que, dadas las condiciones climáticas, los rendimientos del cereal se redujeron respecto de la medida provincial y se obtuvo un producto de calidad proteica regular y en la mayoría de los casos fuera del rango de tolerancia. Asimismo, el intenso período de humedad edáfica retrasó la plantación de cultivos de la cosecha gruesa, cuyos lotes fueron preparados anteriormente, implicando importantes pérdidas en gastos de insumos.
La cartera agropecuaria provincial indicó además que los productores trigueros de la región «se encuentran en una situación financiera muy crítica y para su recuperación será necesario un gran esfuerzo en las próximas campañas». Deudas
La Ley 22.913 de Emergencia Agropecuaria, prevé la refinanciación de las deudas que los agricultores mantienen con las entidades bancarias. Se establece además, una prórroga en el plazo de pago del Impuesto Inmobiliario Rural.
El estado de emergencia está declarado desde el 1 de diciembre último hasta el 1° de mayo de 2002 «para todos aquellos productores que vieron afectada en 50 por ciento su producción triguera. Para esto, los damnificados deberán presentar una declaración jurada con los datos requeridos por la Secretaría de la Producción de la provincia, que deberá ser avalada por las entidades representativas del sector y que serán verificadas por los técnicos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA). El plazo de presentación se extenderá hasta el 28 de febrero próximo y luego se confeccionarán los listados definitivos.
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