Política

Clientelismo M: la Justicia exige datos del plan de subsidios paralelos

La jueza Servini reclamó saber cuántos bonos se pagaron así como los criterios de asignación y mecanismos de liquidación.

La Justicia le demandó al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, informar sobre la tramitación del subsidio clandestino para desocupados que puso en marcha esa cartera en los días previos a la elección del 27 de octubre, mediante punteros del oficialismo, y cuyo pago quedó en suspenso hasta después del comicio por la vigencia de una medida cautelar. La requisitoria corrió por cuenta de la jueza federal con competencia electoral, María Servini, quien había resuelto el amparo a pedido del Frente de Todos y en base a una investigación de este diario.

A través de una diligencia, Servini le solicitó a Sica “se sirva informar si, previo a la notificación de la medida (cautelar) dispuesta el 17 de octubre de 2019, se pagó algún subsidio creado por la resolución 1177” y en ese caso “haga saber la cantidad, montos erogados, distritos de residencia de los beneficiarios y procedimiento mediante el cual se efectivizó el pago”. El otro planteo de la magistrada, eje de las sospechas, pasa por requerirle al ministro que “informe los criterios utilizados para asignar y distribuir subsidios y su procedimiento para el pago” así como “copias de las planillas confeccionadas para solicitar ese beneficio”.

La causa judicial se basa en una investigación de Ámbito Financiero, que desde el 23 de septiembre dio cuenta de la puesta en marcha de un plan de más de 100 mil subsidios de $5.000 para desocupados sin ingresos instaurado a través de una resolución (1177) de la Secretaría de Empleo, un área de la cartera a cargo de Sica, nunca publicitado por organismos oficiales ni publicado en el Boletín Oficial y que el Gobierno sólo tramitó, en los días previos a la elección general, mediante dirigentes y punteros de Juntos por el Cambio espaldas de intendentes peronistas.

A partir de entonces el fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello inició una pesquisa preliminar y citó al autor de esta nota a prestar declaración testimonial. En paralelo, el apoderado del Frente de Todos, Jorge Landau, presentó una denuncia penal ante la jueza Servini por presunta violación al artículo 139 inciso “b” del Código Electoral que establece penas de uno a tres años de prisión a quien “compeliere a un elector a votar de manera determinada”. Sin resolver sobre la cuestión de fondo, la magistrada hizo lugar al recurso de amparo y frenó los pagos del subsidio hasta después de la elección nacional.

Sobre el primer pedido de ayer a Sica, este diario pudo establecer que efectivamente entre el 17 y el 18 de octubre hubo pagos del subsidio en bancos públicos como el Nación y el Provincia de Buenos Aires antes de que fueran notificadas las entidades y el Ministerio de la medida cautelar. Para entonces ya se habían destinado recursos para afrontar las liquidaciones de unos 80 mil bonos luego de que la Anses rechazara otros 25 mil por incompatibilidades (es decir que el posible beneficiario cobraba alguna otra asignación, salarial, previsional o social). Una vez frenados los pagos por orden judicial a partir del lunes hubo aglomeraciones, largas colas y protestas en sedes de Anses y de la cartera laboral en varias provincias por parte de personas que habían sido convocadas por punteros a cobrar el beneficio.

Como parte de la investigación hubo denuncias de intendentes peronistas como Francisco Durañona (San Antonio de Areco), Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) sobre maniobras de punteros y candidatos de Juntos por el Cambio para ofrecer los bonos a desempleados sin contar con atribuciones legales o administrativas para hacerlo en sus respectivos distritos. Esas acusaciones surgieron en paralelo con otras hacia intendentes del oficialismo nacional como Nicolás Ducoté (Pilar), Ramiro Tagliaferro (Morón) o Julio Garro (La Plata) por acciones de clientelismo mediante la entrega de productos y planes.

Tras la apertura de la causa judicial y el dictado de la cautelar el ministro Sica habló por primera vez sobre el escándalo en el coloquio de IDEA, adonde fue abordado por periodistas. El funcionario alegó que el plan había avanzado de manera reservada porque se trataba de erogaciones habituales de su cartera. Mintió: el último desembolso significativo por el Programa 906, usado para viabilizar los subsidios, databa de 2016 con liquidaciones a 16.914 beneficiarios, en tanto que en 2017 el número se redujo a 659 y desde ese momento permaneció inactivo. De hecho, en 2018 el programa 906 no pagó ni un bono y lo mismo sucedió entre enero y septiembre de este año.

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