Política

Con Carrió alejada, estalla interna feroz en la AFIP (Justicia investiga espionaje)

El retiro (repliegue) de Elisa Carrió desató un estallido en el interior de la AFIP, con una línea interna que no sólo se identificaba con la diputada, sino que, además, comienza a ser investigada por la Justicia a raíz de la filtración de información bajo secreto fiscal, cuyo destino era nutrir las denuncias judiciales a los adversarios políticos de Carrió. La causa fue anexada al expediente por espionaje a jueces, gobernadores y dirigentes que instruye Rodolfo Canicoba Corral. Y ya disparó las primeras medidas que pueden empezar a develar una trama siempre sospechada: el magistrado le exigió al organismo que conduce Leandro Cuccioli que informe todos los accesos que hayan registrado a las bases de contribuyentes desde todos los sistemas de AFIP tanto el exsubdirector de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, y el titular de Auditoría y luego de Sistemas, Néstor Sosa. La Justicia quiere saber a qué personas o empresas investigaron en los últimos cuatro años y qué datos recabaron, además de las razones funcionales que hubieran motivado las consultas. Cuando en tribunales cuenten con la información, comenzará una ronda de llamados a declaración indagatoria y por primera vez, especulan en Comodoro Py, creen que podría darse el escenario donde haya “arrepentidos” en personal de carrera.

En las últimas horas, se incorporó una declaración testimonial que disparó nuevas medidas para corroborar datos aportados. El juez ya cuenta con un listado parcial de consultas que habría hecho Sosa entre el 11 de mayo y el 29 de junio de 2017. Incluyen nombres relevantes de amplio espectro: desde Franco Macri y Sideco Americana, pasando por el financista fallecido Aldo Ducler y el líder camionero Hugo Moyano; las empresas “pantalla” que utilizaba el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y la UTE que llevó adelante el soterramiento del Sarmiento, además del propio primo del presidente, Ángelo Calcaterra. También hubo ingresos a los datos del presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, y de Nortel Inversora, absorbida por Telecom ese año. En la misma nómina aparecen figuras del periodismo y los medios como Mirtha Legrand, Susana Giménez, Santiago Del Moro, Jorge Lanata, Mauro Viale o Marcelo Bonelli, entre otros. A partir de esos ingresos, se sospecha que también pudieron haber obtenido las direcciones IP desde donde los contribuyentes cargan la información fiscal en AFIP. Con ese número, y equipamiento adecuado, sería posible “espejar” computadoras de manera remota. Eso es sólo un mes y medio. Ahora Cuccioli deberá aportar los últimos cuatro años de movimientos, teniendo en cuenta que la AFIP es estricta respecto a los procedimientos internos para acceder a información reservada, sólo justificada dentro de parámetros específicos que tengan trámite administrativo.

No es la primera vez que la Justicia amaga con investigar a esta misma organización: en 2016, el juez Claudio Bonadio sobreseyó a todos los imputados por violación de secretos a partir de arrebatarle una causa a su par Luis Rodríguez que investigaba a Mecikovsky. El funcionario de AFIP hasta denunció que el magistrado había “plantado” en su computadora “carpetas” con información sensible de figuras políticas y del espectáculo además de empresarios y del ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. En octubre del año pasado, luego de que se conociera que habían ingresado a los perfiles de su hermano Gianfranco, Macri ordenó echar a Mecikovsky y con él se retiró el titular de la DGI Horacio Castagnola, jefe directo y uno de sus principales asesores, Carlos Bo. Carrió pataleó públicamente y logró que Mecikovsly -que hoy está o estuvo en Miami- regresara con una dirección creada a su medida que estaba dedicada a la investigación. Bo, quien dentro de “La Casa” aparece como el contacto más directo con Carrió, volvió en formato de asesoría en grandes nacionales.

Tiempo antes de todo ese minué, otra escaramuza había sacudido las entrañas de AFIP cuando por supuestamente haber amenazado a Sosa, Alberto Abad desplazó a Sergio Maguiña, cuñado de Daniel “Tano” Angelici y Director de fiscalización operativa y aduanera. Ese rencor se sumó al que albergan desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales donde se nutrieron denuncias por enriquecimiento ilícito con datos surgidos de esas “carpetas” que ahora vuelven a estar bajo investigación judicial. Toda la estructura empieza a sentir el cimbronazo dada la lista interna que circula con más de 330 ascensos dispuestos por la actual administración a personal que no sólo protagonizó las causas que impulsó la AFIP contra empresarios, sino que participó de cacerías internas a funcionarios díscolos.

En ese clima de ebullición comenzaron a cobrar vigor casos icónicos en los que intervino toda la estructura que repuso Abad al principio de su gestión con Cambiemos. Mecikovsky conserva varias denuncias por falso testimonio acumuladas, entre ellas por haber otorgado supuesta protección a Badial -una de las empresas de Lázaro Báez que fue originalmente denunciada en 2008-y sobre la que luego él mismo se montó para denunciar a personal que reportaba a Ricardo Echegaray. Lo mismo sobre el trámite que tuvo la investigación interna respecto al clan Balcedo y el gremio SOEME, que luego derivó en el escándalo por millonarios bienes ocultos en Uruguay. La denuncia dentro del juicio oral por el caso Oil Combustibles que agrega a los nombrados a Juan Carlos Santos (jefe de Grandes Nacionales), Eliseo Devoto (jefe de Jurídicos), Jorge Schiaffini (investigaciones de grandes contribuyentes) y Jimena Latorre, subdirectora de Coordinación Técnico Institucional y nexo con los jueces de Comodoro Py.

En paralelo, se presentará una nueva denuncia por falso testimonio, pero por lo ocurrido con la baja de estatus de la Dirección Regional de Bahía Blanca, cuando se había afirmado que fue por una investigación relacionada con Báez, pero en realidad tenía de fondo una usina de facturas apócrifas y un chispazo sindical por detrás.

Sin la cercanía de Carrió y con el Gobierno de salida, la interna en AFIP está al rojo vivo, con expedientes judiciales como balas trazadoras. En el organismo se interrogan hasta dónde podrían llegar las investigaciones.

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