Denuncia AFIP contrataciones irregulares de abogados durante la gestión de Abad y Cuccioli

La denuncia ante la Oficina Anticorrupción se hizo tras confirmar que hubo direccionamiento, desvío del objeto e incompatibilidad de funciones de letrados externos que percibieron honorarios del fisco durante el gobierno de Macri. Fue para casos “políticos” como el de Oil Combustibles. Gil Lavedra, señalado.

La Administración Federal de Ingresos Públicos realizó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción (OA), tras detectarse que durante las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli al frente del organismo había profesionales contratados que además realizaban en simultáneo tareas en el ámbito privado y/o público.

Las irregularidades encontradas determinaron que los abogados Ricardo Gil Lavedra, Maximiliano Reussi, Alejandro Carrió, Juan Antonio Ávila y Tomás Farini Dugann, realizaron trabajos incompatibles, tanto en el sector público como en la actividad privada, con las funciones que desempeñaban en la AFIP. La denuncia pone en conocimiento a la Oficina Anticorrupción y brinda información detallada de cada una de las incompatibilidades detectadas, explicaron fuentes oficiales.

Entre las irregularidades comunes detectadas, se encontró que los abogados defendían a contribuyentes mientras trabajaban en la AFIP, así como también que percibían de forma simultánea su beneficio previsional con los honorarios pagados por el organismo.

Por las razones antes citadas, la AFIP solicita se declare la nulidad de las contrataciones y el recupero del perjuicio fiscal, así como también, la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y el deslinde responsabilidades.

“La denuncia compromete los graves delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, servicios y negociaciones incompatibles con la función pública por las autoridades intervinientes”, cita un comunicado de la entidad.

El caso de Gil Lavedra, actual titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal es paradigmático: pese a haber cientos de abogados en el plantel de la AFIP su contratación obedeció puntualmente a la causa Oil Combsutibles por cifras millonarias durante toda la instrucción del caso. En simultáneo era funcionario del Ministerio de Justicia, lo que le permitía contacto frecuente con jueces y fiscales. Una auditoría encabezada por Margarita Stolbizer había determinado que era irregular su conttratación y que no había sido debidamente justificada tampoco en términos administrativos.