4 de diciembre 2001 - 00:00

De la Sota logró bajarles el sueldo a jueces de Córdoba

Personalmente, y como es costumbre en todas las cuestiones trascendentes del Estado cordobés, José Manuel de la Sota destrabó la conflictiva relación con los magistrados, quienes se avinieron a renunciar voluntariamente 10 por ciento de sus sueldos, en una larga reunión con miembros del tribunal Superior de Justicia.

En la mañana de ayer una larga conversación -café mediante-con los integrantes del Tribunal Superior de Justicia puso el moño a un conflicto que amenazó con llevar la sangre al río.

Jueces, fiscales y funcionarios menores discutían por esas mismas horas en asambleas y a tambor batiente las distintas alternativas para preservar la garantía constitucional de la intangibilidad, convertida durante la colosal crisis nacional en un privilegio que el resto de la sociedad mira tan extrañado como incrédulo.

María Esther Cafure de Battistelli, una jueza con mucha muñeca política, que encabezó la delegación de visitante a la Casa de Las Tejas, trajo hasta los oídos judiciales la conciliadora conversación que tuvo con el gobernador provincial.

Ello implicó un presupuesto para 2002 con 28 millones de pesos menos que implicará un recorte de egresos entre los que se destacaban congelamiento de vacantes y paralización de obras tribunalicias.

No existe la apelación a la magia en las cuentas del Estado, por eso el recorte alcanzó a 15 por ciento de lo presupuestado para el Poder Judicial, no pudiendo superar gastos por más de 200 millones de pesos.

De la Sota, quien padece la falta de un ministro de Justicia capaz de tamizar las quejas de los togados, analizó los crudos números provinciales sin dejar de echar un vistazo a la encuesta de opinión indicatoria que la friolera de 80 por ciento de la población le reclama un gesto solidario a los integrantes del Poder Judicial y vería con agrado la rebaja de sus sueldos. Los mismos opinantes juzgan como excesivos los ingresos de los magistrados.

Los máximos jueces sacaron de la manga la carta salvadora anoticiando al gobernador que la gran mayoría de los magistrados solicitaron una reducción voluntaria de sus sueldos, sellando con ello una paz precaria, pero necesaria.

La renuncia voluntaria significa para los jueces la conservación de la intangibilidad, importando ni más ni menos que el cuidado de los sueldos de la Justicia de cualquier mano larga y tentación gubernamental.

La conversación entre ambos poderes sirvió para descomprimir una situación cada vez más cerca de la anarquía. Al tiempo que el primer mandatario provincial explicaba a los ministros judiciales la difícil situación nacional para los próximos meses, en los tribunales provinciales las asambleas ocurrían de la mano de versiones tan extrañas como increíbles.

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