presidentes de las cuatro entidades del campo: Mario Llambías, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) -que también representa a CARBAP-; Eduardo Buzzi, de Federación Agraria (FAA); Luciano Miguens, de Sociedad Rural Argentina (SRA), y Fernando Gioino, de Coninagro, junto con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, deberán presentarse el martes frente a la Justicia para responder a la citación del juez Marcelo Ignacio Aguinsky por la Ley de Abastecimiento. El encuentro se llevará a cabo a sólo tres días del final de la tregua que el campo le dio al gobierno para negociar la lista de temas que afectan al sector.
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El magistrado en lo económico y penal buscará que tanto las entidades como el funcionario firmen un acta en donde se garantice el normal abastecimiento de los alimentos de primera necesidad a toda la sociedad, si es que se retoman el 2 de mayo las protestas del campo.
Es importante recalcar que el encuentro es una invitación y no una convocatoria coactiva. Esto significa que si las entidades deciden no firmar el acta, no recaerá sobre ellas ninguna consecuencia jurídica.
Este diario pudo saber, además, que Aguinsky no tiene intención de establecer límites a las posibles metodologías que los ruralistas llevarían a cabo si retoman las medidas de fuerza. Tampoco tocará el tema de las retenciones a la soja, que fue lo que generó un paro agropecuario de 21 días.
«Creo que esto no es necesario, no hay que molestar a un juez por estas cosas. Las entidades afirmaron que si se vuelve al paro, la metodología va a ser otra y no se va a desabastecer a las ciudades», sostuvo ante Ambito Financiero el presidente de CARBAP, Pedro Apaolaza.
El dirigente afirmó que «el problema de la escasez de carne es porque no se vende ganado. Esto ocurre porque las cámaras de los frigoríficos están llenas de carne y al tener las exportaciones cerradas no se pueden seguir faenando animales porque no hay lugar donde guardar el producto». Por otra parte, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cuestionó la decisión del gobierno de « judicializar» la disputa que mantiene con el campo
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