La Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (ADAPD), que nuclea a más de 7.000 inversores locales, rechazó ayer de plano la propuesta de reestructuración de la deuda pública que lanzó el gobierno en Dubai.
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La entidad que, hasta el momento, representa una tenencia de bonos defaulteados de más de 1.000 millones de dólares consideró inaceptable el monto de la quita que supera 80% y el desconocimiento de los intereses vencidos de los últimos dos años.
En una reunión con la prensa celebrada ayer, la entidad manifestó su «rechazo a las declaraciones y la intención del gobierno en Dubai según las cuales saben que la mayoría de los bonos están en nuestro país y que la solución de la deuda se va a hacer en base a la pérdida de los inversionistas argentinos. Por esto, es totalmente discriminatorio».
«Dejamos constancia también que, de ser cierto lo dicho por gente del equipo económico en Dubai de que no se iban a pagar los intereses devengados a la fecha por los bonos en default, y siendo responsabilidad del gobierno haber demorado esta situación, no aceptaremos esto. La tasa media de los bonos en default es del orden de 8% anual. Habiendo transcurrido prácticamente dos años de declarado el mismo, esto agrega 16% al capital original; por lo tanto, lo que nos estarían ofreciendo a valor presente es 100%-75%-16%=9%», explica la entidad.
• Trato equitativo
Los damnificados dijeron que rechazan «la pesificación de los bonos y las quitas de capital, y sólo aceptaremos un trato equitativo respecto de otros acreedores si se asegura un real control sobre el gasto público».
«Rechazamos también las acciones del FMI acordando y encubriendo al gobierno argentino, ya que el Fondo ha logrado un acuerdo por el que sus acreencias son respetadas en 100% y nosotros ahora nos exponemos a quitas de 75% a 90%. Además, el superávit fiscal acordado (de 3%) no deja nada para el repago de nuestros créditos», agregaron.
La entidad pide al gobierno que uno de los tres puntos del superávit primario fiscal se destine al pago de los inversores argentinos, la creación de una comisión de control del gasto público y un tratamiento equitativo con los BODEN.
Y aseguraron que los inversores representados en la entidad continuarán con los reclamos judiciales, salvo que el gobierno mejore la oferta vía una negociación que respete 100% del valor nominal de los bonos, que los plazos de los nuevos bonos sean inferiores a los 10 años y que la tasa de interés no sea inferior a 3% anual.
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