Protocolo por alquileres y desalojos: más detalles y quiénes tendrán prioridad

Economía

El Gobierno dio a conocer la medida a través del Boletín Oficial. Es en el marco del plan para ayudar a las familias que incumplieron contratos de locación durante la pandemia del coronavirus.

Este 1 de abril venció el decreto que suspendía los desalojos y congelaba los alquileres. A partir de ese momento los inquilinos que tuvieron dificultades durante la pandemia para cumplir con los contratos comenzaron a pagar en cuotas la diferencia acumulada. En busca de amortiguar esa carga para los inquilinos, el Gobierno anunció un protocolo para asistirlos, del que hoy se conocieron más detalles.

A través de la Resolución 5/2021, que fue publicada este martes en el Boletín Oficial, se aprobó el “Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales”. Así, el Gobierno estableció qué grupos de personas serán prioritarios para brindarles ayuda y qué información deberá aportar cada organismo del Estado para que se pueda elaborar una lista con estos casos.

De esta manera, el Poder Ejecutivo dio un paso más en su decisión de recopilar datos “sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales” contra determinados inquilinos.

Este nuevo protocolo tiene por objetivo “sistematizar” toda esa información y “caracterizar los hogares que se encuentren atravesando” por esa situación, de manera tal que se pueda “desarrollar un Registro que permita la identificación de la persona, familia o grupo conviviente” potencialmente perjudicado.

Esta base de datos incluirá información personal de los locatarios; la composición del grupo familiar o conviviente, si lo hubiera, especificando personas en situación de vulnerabilidad; la inscripción del contrato en la AFIP y el plazo de vigencia del mismo, además del canon locativo, el monto y frecuencia de actualizaciones, y el pago de expensas, impuestos y/o servicios a cargo del inquilino.

Protocolo desalojos

También tendrán que especificarse las características y condiciones edilicias del inmueble en cuestión; el ingresos, deudas y otros datos que contribuyan a la caracterización socio-económica de la persona o grupo locatario, y el estado en que se encuentran los procesos de desalojo e información de partes intervinientes.

Puntualmente, con esta medida el Gobierno busca evitar un posible perjuicio contra aquellos que se vieron beneficiados por el congelamiento de los alquileres, medida que se tomó inicialmente al comienzo de la cuarentena y que después se fue prorrogando sucesivamente.

En la última oportunidad, también se aumentó de 6 a 12 el número máximo de cuotas que los locatarios tienen para saldar las deudas por “diferencia de precio y por falta de pago, pagos realizados fuera de los plazos contractuales pactados o pagos parciales”.

Para definir a qué personas se ayudará primero, el Poder Ejecutivo elaboró una serie de “mecanismos de priorización de acuerdo a la disponibilidad y grado de vulnerabilidad de las personas o familias que se pretenden proteger”.

Entre los grupos que serán priorizados están las familias monomarentales y monoparentales; las personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad; las víctimas de violencia de género; los discapacitados, y quienes están en extrema pobreza y/o indigencia.

Sin embargo, se aclaró que los criterios enumerados “son meramente enunciativos, por lo que la Secretaría de Desarrollo Territorial podrá decidir “la incorporación de otros grupos vulnerables” a la lista.

El plan del Gobierno ahora es “coordinar acciones” para, mediante proyectos de casas construidas con aportes del Estado Nacional, “abordar soluciones habitacionales” para aquellos inquilinos que estén pasando por esa última situación.

Sobre este punto, el nuevo protocolo detalló que “se prevé la firma de convenios que permitan establecer porcentajes de viviendas en stock o en construcción que puedan ser utilizadas” con ese propósito.

Además, se tendrá en cuenta “la posibilidad de acceso a la vivienda a través de compra, comodato, alquiler con opción a compra u otras formas, a determinar de acuerdo a la disponibilidad de unidades y las capacidades socio-económicas de los hogares”.

Entre los considerandos de la Resolución publicada este martes, el Gobierno señaló que esta iniciativa surgió porque “en el marco de la pandemia COVID-19 y como consecuencia del impacto de las medidas sanitarias de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en la producción y el empleo, numerosos hogares inquilinos se encontraron con crecientes dificultades económicas para cumplir con las obligaciones de pago emanadas de los contratos de alquiler, enfrentando diversas situaciones de dificultad” que “pudieran derivar en el inicio de procesos de desalojo”.

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