Amenaza al gobierno ola de juicios por movilidad

Economía

Los pronósticos de la oposición sobre las complicaciones judiciales que puede traerle al gobierno la nueva ley de movilidad jubilatoria comenzaron a tomar forma ayer. «La ley no impedirá que los jubilados inicien un aluvión de demandas», amenazó ayer el defensor del pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino. El funcionario, al igual que la oposición, habían cuestionado la fórmula de actualización semestral que se incluyó en la ley. De hecho, el jujeño Gerardo Morales, senador y presidente de la UCR, recordó ayer que su bloque, más la Coalición Cívica, concurrirá a la Justicia para pedir la declaración de inconstitucionalidad de la ley no sólo por el sistema de incrementos que consagró, sino también porque no declara la intangibilidad de los depósitos con que cuenta la ANSeS, permitiendo que sean prestados al Tesoro. La base de las presentaciones que harán al Estado será el imcumplimiento de la setencia de la Corte que, siguiendo la doctrina del caso Badaro, ordenó al Estado garantizar la movilidad previsional. Pero el gobierno envío al Congreso un proyecto que fija una fórmula de actualización semestral, que arrancará en marzo de 2009, que no contempla esa orden al promediarlos aumentos entre la evolución de la recaudación de los aportes previsionales y la de los salarios según sean medidos por el INDEC o la Secretaría de Trabajo, según resulte el mayor.

  • Perspectiva

  • Según Semino, a partir de la puesta en práctica de esta ley, lejos de solucionarse el problema, se «multiplicarán» los juicios contra el Estado. «Esta ley mantiene el círculo vicioso y, lejos de beneficiar al sector pasivo, generará una brecha progresiva entre las jubilaciones y los salarios, y reforzará la ola de juicios contra el Estado», dijo, «una vez más, el Estado se convirtió en promotor de juicios en su contra».

    Para Semino, la fórmula prevista por la ley incorpora una variable -la recaudación dividida por la cantidad de beneficiarios-, que no sólo «desvirtúa lo indicado por la Corte Suprema, sino que no lo cumple».

    Al intervenir en el denominado Caso Badaro, la Corte había establecido que el haber del jubilado debía ser sustituto del haber del trabajador activo.

    «Esto significa que la fórmula a aplicar debería ser la de la variación del haber del trabajador activo exclusivamente», explicó Semino, lo cual no fue tenido en cuenta, a su juicio, en el proyecto oficial. «A futuro, y por la aplicación de la variable recaudación, se va a ir alejando cada vez más el haber del jubilado del haber del activo.»

    Lejos de esa postura, Amado Boudou, el director general de la ANSeS, salió ayer a garantizar que el aumento para marzo de 2009 no será «menor a 11% y dijo que esa cifra se «complementa» con el 18% que mencionó el jefe de Gabinete, Sergio Massa, en su informe en la Cámara de Diputados.

    «El dijo, con toda esa audacia y con toda la seriedad de conocer muy bien el tema, que durante 2009 las jubilaciones no van a aumentar menos de 18%. Y lo que yo decía es complementable con lo que él presentó: que en marzo el aumento no va a ser menos de 11%», dijo ayer Boudou intentando calmar las críticas.

    De hecho, como sus declaraciones parecían contradictorias con las de Massa, por lo menos en cuanto a porcentajes, aclaró: «Estoy lejos de discutir con el jefe de Gabinete, que además es un experto y todo el mundo sabe que es una parte muy importante, si no la principal, de la recuperación del sistema jubilatorio en la Argentina».

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