El gobierno autorizaría un primer aumento en el precio del gas que producen las petroleras que se concretaría después de la segunda quincena de enero, ya que para mediados de ese mes fue postergada la audiencia pública para discutir el tema. Los ajustes significarían desde 2% para usuarios residenciales medios hasta 9% para la gran industria, y de 6% para el GNC.
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Estos porcentajes se refieren al impacto final en tarifas del aumento que se aplicaría. Esto es así porque el precio del gas equivale a un tercio de la tarifa que pagan los usuarios residenciales y un poco más en el caso de los industriales. De este modo, los ajustes que se auto-rizarían, según un proyecto de decreto que estudia el ministro de Planificación, Julio De Vido, implicarían 0% para domicilios de menor consumo (hasta 500 metros cúbicos por año), 5% en el caso de los residenciales medios (hasta 1.000 metros cúbicos por año) y 10% para los domicilios de mayor consumo (más de 1.000 metros cúbicos anuales). El gas utilizado por las generadoras eléctricas aumentaría 5%, y el consumido por la industria pequeña y mediana 10%, mientras no se especifica la suba para el gas de grandes usuarios.
Estos ajustes podrían salir como parte de un acta-acuerdo con las petroleras en la que éstas comprometerían inversiones para aumentar la producción de gas, y el gobierno establecería un período de transición de 36 meses para la adecuación del precio del producto. Además de esto, las petroleras deberían renunciar a realizar reclamos al Estado o a las empresas distribuidoras que le compran el producto.
Los pasos y el momento en que se dará el primer aumento dependen de la decisión del presidente Néstor Kirchner. Según trascendidos confiables, primero hubo un proyecto de decreto incluyendo el sendero de precios para los próximos tres años y además otros aspectos importantes, como la creación de un fondo fiduciario para inversiones en transporte y distribución de gas, financiado por aumentos tarifarios, programas especiales de crédito y sistemas de aportes previos hechos por los futuros beneficiarios de las obras.
• Creación
El proyecto de decreto también contiene la creación de una empresa mixta integrada por la Secretaría de Energía y las empresas que operan en el mercado del gas, repitiendo el esquema de Cammesa para la electricidad. El organismo que se llamaría Administrador Independiente del Mercado de Gas (AIMG SA), cuenta ya con opinión favorable de De Vido, pero crea resistencias en el sector empresario, donde se argumenta que se romperá la confidencialidad de los contratos.
El nuevo ente administraría el gas y la capacidad de transporte permitiendo su reventa entre los distintos sectores, para ir solucionando eventuales problemas de abastecimiento. El proyecto de decreto también prevé estaciones de GNC con servicio interrumpible, con lo que se buscaría cubrir los pedidos de nuevas instalaciones que ahora no se pueden atender.
De ese proyecto se pasó al criterio del acta-acuerdo con las empresas, y un decreto sólo para los cambios en materia de regulación. Finalmente se habría decidido que el acta-acuerdo con las petroleras debía pasar previamente por audiencia pública convocada por el Enargas.
Esta fue postergada de noviembre hasta el 14 de enero, con lo que podría realizarse en la segunda quincena de ese mes, y los acuerdos firmarse durante febrero, impactando en los meses de menor consumo. Sin embargo, en la agenda de prioridades primero debe autorizarse una suba en el precio mayorista de la electricidad, ya que Cammesa tiene una deuda de 390 millones de pesos con las genera-doras de luz.
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