El gobierno argentino presentó ayer ante la Justicia estadounidense un escrito para apelar las inhibiciones que sufrieron 15 inmuebles oficiales en los estados de Maryland y Washington. Se trata, en realidad, de tres documentos que pasaron por la Procuración del Tesoro Nacional, pero que en realidad representan a las tres reparticiones afectadas: Marina, Ejército y directamente a la Embajada de la Argentina en ese país.
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Ahora, se abre un compás de espera en el cual la Justicia de ese país deberá expedirse respecto de este pedido, que solicita el levantamiento de las medidas cautelares dispuestas. En todos los casos, la posición es la misma: se trata de inmuebles que están afectados a la actividad que el Estado argentino debe desarrollar en los Estados Unidos, por lo cual estarían protegidos por la Convención de Viena.
En el Palacio de Hacienda mantienen un optimismo moderado respecto del resultado de esta contraofensiva judicial. «Vamos a despejar casi todo, pero algún gol de media cancha por ahí nos meten», reconocían ayer en oficinas cercanas a la del secretario de Finanzas,Guillermo Nielsen. De esta forma, reconocían que algunos inmuebles podrían no salvarse del levantamiento de las inhibiciones y serían finalmente embargados.
•Dificultad
En principio, sólo quedarían exentos aquellos casos de edificios que se aplican a la actividad diplomática. Pero será difícil comprobar esto, por ejemplo en el caso de la residencia del agregado naval o el estacionamiento de la misión argentina ante la OEA (Organización de Estados Americanos).
De manera paralela, también se efectuó una presentación ante el juez neoyorquino Thomas Griesa, que apunta a las acciones que viene desarrollando el fondo buitre NML, que presentó una demanda de u$s 172 millones contra la Argentina. Aluden puntualmente a la «mala fe» de este fondo, ya que tras presentar una demanda ante Griesa optó por solicitar inhibiciones en otros juzgados, por ejemplo en Maryland. De esta forma, se busca que el magistrado mantenga bajo cierto control los fondos que decidieron iniciar acciones legales en contra de la Argentina.
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