Aprobaron los diputados amplio poder a Cavallo

La Cámara de Diputados aprobó en general esta mañana las facultades especiales que pidió Domingo Cavallo para calmar mercados. Desde el mediodía el Senado las trata. Hoy podrían ser ley. Se agregó al proyecto la facultad para gravar con Ganancias la compraventa de acciones y títulos públicos o privados. Lo pidió Cavallo, en medio de las tensas negociaciones finales. Obtiene la facultad para fusionar organismos, transformar entidades públicas y desregular el mercado de capitales. Podrá, además, flexibilizar a los empleados de organismos y entes descentralizados. No le dieron el mismo poder para el resto de los trabajadores de la administración pública. Cavallo podrá eliminar o crear exenciones a impuestos y financiar planes de infraestructura con nuevos tributos. No podrá privatizar la AFIP, Banco Nación o universidades.

Domingo Cavallo consiguió anoche terminar de desconcertar a los diputados de todas las bancadas. Cuando los aliancistas se esforzaban en negociar un acuerdo para poder votar en el recinto la delegación de facultades al Ejecutivo, desde el Ministerio de Economía llegó al Congreso un último agregado al proyecto que le permitirá a Cavallo en el futuro gravar con Impuesto a las Ganancias a la compraventa de acciones, bonos y títulos. Bajo esa presión, Diputados aprobó esta mañana en general el paquete de facultades que delegará al Ejecutivo para que el gobierno pueda llevar adelante por decreto desde una fusión de entes y organismos públicos, aplicar normas de flexibilización a los empleados de esos entes hasta eliminar exenciones impositivas. Los poderes que recibirá el Ejecutivo son sensiblemente menores que los que pidió Cavallo cuando lanzó su plan, pero tienen la suficiente amplitud como para no requerir auxilio del Congreso para una amplia reforma de los organismos públicos, la posibilidad de garantizar deuda o modificar el sistema tributario. Anoche después de horas de negociaciones -la sesión estaba prevista para las 14 y comenzó a las 21-, la Alianza consiguió el quórum con ayuda de cinco diputados justicialistas, los provinciales y el cavallismo. El Frepaso terminó con una fuerte división interna que provocó que doce de sus integrantes votaran en contra del proyecto. Desde el radicalismo, la chaqueña Elisa Carrió dijo: «Ahora vienen por la República», y les recordó a los diputados que sigue vigente en la Constitución y el Código Penal «el delito de traición a la patria por delegar facultades al Poder Ejecutivo Nacional o provinciales, y que está penado con reclusión perpetua».

La sesión comenzó poniendo la Cámara en comisión para tratar el proyecto, ya que éste no contó en ningún momento con dictamen. La defensa del proyecto corrió por cuenta del radical Raúl Baglini, alegando el estado de emergencia del país: «Aquí no hay ninguna facultad extraordinaria. Este presidente que controla el país no tiene ni mayorías parlamentarias ni puso el paladar en la Corte. La tempestad arrecia, por eso es necesario otorgar una cuota de confianza al capitán». Lo siguió el mendocino Carlos Balter: «Dada la gravedad de la crisis que afecta a nuestro pueblo, creemos necesario propiciar la sanción de una ley que respete escrupulosamente los principios republicanos».

Borrador

De acuerdo con el último borrador del proyecto, que se repartió por las bancas después de las 22, los superpoderes otorgados a Fernando de la Rúa, que utilizará Cavallo, incluyen en cuanto a la reforma del Estado:

Decidir la fusión o centralización de entes autárquicos, reparticiones descentralizadas o la descentralización de organismos. Esto significa que el gobierno podrá avanzar por decreto en la reforma de cualquier sector del Estado que no pertenezca a la administración central -Poder Ejecutivo, Congreso o Justicia-.

No podrá avanzar en la privatización de empresas públicas, universidades, entidades financieras oficiales -Banco Nación, BICE o Banco Central-, la AFIP, los entes reguladores de servicios públicos, la participación del Estado en entes o empresas binacionales -por ejemplo, la represa de Yacyretá- y parques nacionales.

Podrá transformar entes autárquicos y reparticiones descentralizadas en empresas o sociedades, sin más limitación que la necesidad de mejorar el funcionamiento y la eficacia en la gestión.

Se sujeta al personal de los entes autárquicos y reparticiones descentralizadas al régimen de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto significa que sus relaciones de trabajo con el Estado pasarán a ser regidas por el derecho laboral privado.

A esos trabajadores se les garantiza estabilidad laboral por un año desde que queden sujetos a la ley de convenios colectivos.

Durante ese plazo, el Estado y los empleados de entes y organismos descentralizados deberán negociar un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo. De no llegar a un acuerdo, deberán someterse a arbitraje.

El gobierno también estará facultado para «desregular y mejorar el funcionamiento y la transparencia del mercado de capitales y de seguros, garantizando el control del sector».

Puede modificar la ley de ministerios.

Podrá afectar recursos o activos públicos que no tengan gravámenes en la actualidad para garantizar operaciones de deuda pública.

Quedará facultado para derogar leyes o decretos ratificados por ley que regulen el funcionamiento de organismos o entes de la administración descentralizada, empresas estatales, mixtas o entidades públicas no estatales.

Quedan excluidas las normas de control, penal o las que tutelen los intereses y derechos subjetivos de los administrados.

En cuanto a la posibilidad de modificar tributos y exenciones, se incluirá:

La facultad para crear o eliminar exenciones impositivas, salvo aquellas que afecten a productos de la canasta familiar o economías regionales. Este punto es uno de los cambios más importantes en el proyecto: hasta el viernes el Congreso estaba dispuesto a otorgar sólo la facultad para crear exenciones, pero no a eliminarlas.

Podrá disminuir o suprimir impuestos y tasas para «mejorar la competitividad de los sectores». Autorizar la devolución, acreditación o compensación con otros impuestos de los saldos a favor que se registren en el IVA.

Puede crear tasas o recursos no tributarios con afectación específica para desarrollar proyectos de infraestructura.

El gobierno estará facultado también para derogar leyes que perjudiquen la competitividad, con excepción de la leyes de Convertibilidad, los códigos Civil y de Comercio, materia penal, tributaria, laboral o previsional.

El Congreso también fijó algunas condiciones: La delegación de facultades se realiza por un año, estará condicionada a que no aumente el gasto público, no se podrán producir despidos, ni disponer rebajas salariales o de jubilaciones.