El gobierno intentará que antes que termine febrero, el Congreso Nacional apruebe la rebaja del Impuesto a las Ganancias de 35% a 30% para las empresas del ejercicio 2002, proyecto con el que el Poder Ejecutivo quiere compensar la no aplicación de un ajuste por inflación. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, irá hoy personalmente al Senado para acelerar la aprobación de esta reducción tributaria por parte del Poder Legislativo, apurado por la posible aparición de una catarata de presentaciones judiciales a favor de la aplicación de un ajuste inflacionario.
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Pero además desde Economía se asegura que fiscalmente la rebaja en Ganancias debería estar reglamentada a más tardar en los primeros 15 días de marzo, para que pueda tener total fuerza legal. Desde esa fecha las empresas que presentaron declaraciones juradas antes del 31 de diciembre, y que pagaron 80% del total de sus obligaciones, tendrán que liquidar 20% restante, lo que podría quedar suspendido si desde la Justicia hace lugar a algunos amparos por presentaciones de algunas sociedades clave. Por estas dos razones, según los asesores tributarios de Lavagna, la aprobación de este proyecto durante febrero por parte del Congreso es crucial, para terminar de cerrar el capítulo Ganancias de 2002 y no perder ingresos durante este año.
De no tener esta ley aprobada en marzo, surgirían problemas serios, ya que el grueso de las empresas y sociedades radicadas en la Argentina tendrá que presentar sus declaraciones juradas desde abril. En teoría, si no estuviera para ese mes reglamentado el nuevo mecanismo de liquidación de Ganancias, las empresas deberían tributar con la alícuota de 35%.
La intención de reducir esta alícuota había sido planteada en un proyecto del Ejecutivo que ingresó en noviembre de 2002 al Congreso y que en teoría debería haber sido aprobado junto con el proyecto de presupuesto nacional que salió del Legislativo a fines del año pasado. Sin embargo, la reducción de la alícuota quedó fuera de esa ley, a la espera de un tratamiento particular por parte del Congreso. Precisamente este tratamiento en febrero, entre otros temas, es lo que intentará acelerar hoy Lavagna, cuando se encuentre con los senadores a las 18.
• Alarma
Desde Economía surgió la alarma sobre la posibilidad seria de que desde la reapertura de la actividad judicial en febrero haya una catarata de presentaciones en contra de la no aplicación de un ajuste por inflación, si además continúa el nivel del pago del impuesto en el nivel de 35%. Los miedos del ministerio que maneja Lavagna aparecieron a partir de dos fallos de la provincia de Córdoba, donde el juzgado de primera instancia de Alejandro Sánchez Freytes autorizó a dos empresas a aplicar un mecanismo de ajuste por inflación tanto en Ganancias como en el IVA. Según el contenido de los fallos, el juez autorizó a dos compañías que cerraron balances en julio del año pasado y presentaron sus declaraciones juradas en diciembre de 2002 a aplicar un mecanismo de ajuste, liquidando menos impuestos que los que reclama la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El argumento de Sánchez Freytes es que como existe una incertidumbre legal al no estar aprobada la reducción de la alícuota a 30% por parte del Congreso, no hay reglamentaciones válidas por parte del Ejecutivo para reclamar que se pague 35%. Para el juez, sin esta reducción no se estaría compensando a las empresas debidamente por el alza de la inflación de más de 42% que generó la salida desordenada de la convertibilidad y que infló algunos activos de muchas empresas. La Justicia de Córdoba incluso menciona «la incertidumbre» que genera contablemente el hecho de que no esté vigente ningún mecanismo de ajuste.
En la práctica, el fallo de Córdoba implica que las empresas podrán ajustar sus balances por la inflación y que eventualmente pagarán la diferencia luego de que el Congreso apruebe la nueva alícuota de Ganancias; pero que si esta ley no se hace realidad, la AFIP debería aceptar el pago menor por parte de las sociedades. En todos los casos, además el organismo recaudador no podría aplicarles ni multas ni punitorios a las empresas que estén autorizadas por la Justicia. Por ahora, las únicas que están en esta situación son las que fueron amparadas por el juzgado de Sánchez Freytes en Córdoba. Sin embargo, desde Economía se tienen datos de que varias empresas importantes que cerraron balances en diciembre de 2002 y que deberían presentar sus declaraciones juradas en los próximos meses, estarían analizando seriamente la posibilidad de sumarse a este reclamo y que se les autoriza «preventivamente» el pago de Ganancias.
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