Auditoría investiga ahora el megacanje

La Auditoría General de la Nación (AGN) abrió ayer la pericia técnica contra el ministro de Economía, Domingo Cavallo, y su segundo, Daniel Marx, por pedido del juez federal Jorge Ballesteros sobre las condiciones en que se realizó el último canje de bonos. Los responsables de la conducción económica se encuentran acusados de presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Con el acto de ayer, Ballesteros abrió la correspondiente investigación penal, que puede transformarse en el espejo de la causa de las armas para Fernando de la Rúa y sus ministros por haber firmado el Decreto 648/2001, que autorizó el canje de la deuda pública y colocación de títulos. Los funcionarios se encuentran imputados de la presunta comisión de delitos por haber pagado abultadas comisiones a un grupo de bancos para refinanciar la deuda externa, operación que se conoce como megacanje.

Ballesteros investiga desde el inicio de las gestiones hasta la concreción de las negociaciones entre los funcionarios del área económica y los organismos internacionales de crédito así como también los bancos que intervinieron en la operación. El juez quiere establecer si todo ese armado del megacanje puede configurar delito. La denuncia contra Cavallo y Marx la formularon afiliados al partido peronista, con el patrocinio del abogado radical Juan Carlos Iglesias, quien se encuentra enfrentado desde hace años en la interna de la UCR con el Presidente.

Pedido de informes

Ante esa presentación realizada el pasado 14 de mayo el juez decidió pedir informes a distintos organismos de control del Estado, entre ellos la Auditoría General de la Nación (AGN), para que determinen si se cumplieron los mecanismos de control y selección de las diversas propuestas de canje recibidas, quiénes las presentaron y en qué consistió cada una. Pide que los auditores de Rodolfo Barra le «informen sobre los aspectos jurídicos, financieros, económicos, bursátiles, administrativos y cualquier otro antecedente que fundamentaron y conllevaron a la selección de la propuesta que en definitiva se consideró más conveniente, a efectos de la aprobación y realización de dicha norma».

Los organismos del Ministerio de Economía que se encuentran bajo la lupa judicial son las secretarías de Finanzas y de Hacienda, la Oficina Nacional de Crédito Público y la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Ballesteros quiere saber, además, si los funcionarios de estas áreas del ministerio que se concentran como un órgano responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera, cumplieron con las condiciones establecidas en el artículo 65 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Su mayor interrogante es si dicho canje aumenta la actual deuda externa pública y en qué monto.

Enriquecimiento

Ballesteros es el mismo juez que a mediados del año pasado emitió un fallo en el que se considera ilegítima la deuda externa, una medida que hasta ese momento no había tenido precedentes al menos en los Tribunales. En ese fallo se cuestionó todo lo actuado en lo que hace al endeudamiento público desde el Proceso militar hasta el actual gobierno, incluidos Cavallo y sus antecesores y sucesores en el Ministerio de Economía. Los denunciantes justicialistas le imputan al actual ministro de Economía y a su segundo un presunto enriquecimiento ilícito e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

«Los hechos que son objeto de la presente denuncia han ocurrido a raíz de las gestiones llevadas a cabo al pretender contratar, en forma directa y sin necesidad ni justificación alguna, y en uso y abuso de los poderes extraordinarios arrogados en función de la Ley 25.414, arrancada recientemente al Parlamento, bajo fuerte presión política y moral, la que no otorga los poderes invocados para encarar y resolver el llamado 'canje' de una parte abultada de la deuda exterior», se sostiene en la denuncia ante Ballesteros. Cavallo requirió la intervención de 7 bancos privados a los que les habría pagado unos $ 132 millones en concepto de comisiones, más otros $ 100 millones como gastos. Este pago fue el que mereció el impulso de la acción penal.